Funcionarias estadounidenses viajan esta semana a Cuba para preparar la reanudación total de entrega de visas de inmigración a cubanos al inicio de 2023, en medio del éxodo migratorio que enfrenta la isla, informó el Departamento de Estado.
Los servicios consulares de Estados Unidos en La Habana empezaron a reactivarse de manera “paulatina” y “limitada” en mayo pasado, luego de haber sido suspendidos en 2017, cuando la embajada alegó “ataques sónicos” que afectaban la salud de diplomáticos y funcionarios.
La secretaria adjunta de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, Rena Bitter, estará el jueves en la capital cubana con la directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Ur Mendoza Jaddou, para hablar con sus contrapartes, “sobre la reanudación total del procesamiento de visas de inmigrante a principios de 2023″, dijo el lunes el Departamento de Estado en una nota informativa difundida en su página web. También abordarán la reciente reanudación en esta representación diplomática de los permisos conocidos como “Parole” para la reunificación familiar.
Desde 2017, una gran cantidad de cubanos ha tenido que viajar a un tercer país para poder hacer su trámite de visado para Estados Unidos, lo que ha implicado un fuerte gasto para ellos. Una cifra récord de 224.000 cubanos entró de manera irregular a Estados Unidos en un año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en octubre. Un número muy superior a los 39.000 del año anterior.
Los cubanos vuelan en su mayoría a Nicaragua, uno de los únicos países que no les exige visa, para de ahí iniciar su travesía vía terrestre hacia el norte. Se trata de un éxodo masivo aún mayor al registrado durante la crisis del Mariel en la década de 1980 y de los balseros en 1994.
El gobierno de La Habana ha reclamado insistentemente que Estados Unidos cumpla con su compromiso de otorgar las 20.000 visas anuales previstas en los acuerdos migratorios entre los dos países. Cuba enfrenta su peor crisis económica en tres décadas con escasez de alimentos, medicinas, combustible y cotidianos apagones, en medio del endurecimiento del embargo estadounidense, que dura más de seis décadas, y de los efectos de la pandemia del coronavirus.