El gobierno del socialista Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, aunque hasta el momento se desconocen los motivos de la orden.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua”, detalló María Cristina Rivera, coordinadora de comunicaciones de la Cruz Roja para México y América Central.
Un retiro de beneplácito implica la salida del país del funcionario, quien ya ha abandonado Nicaragua.
“No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegada a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, explicó Rivera.
La expulsión del delegado del CICR ocurre días después de una decisión similar tomada contra el representante del Vaticano en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, hecho que la Santa Sede calificó de “grave”.
Sucede también en la misma semana en la que el representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, tildara de “dictadura” al gobierno de Ortega y denunciara las malas condiciones carcelarias en las que se encuentran decenas de “presos políticos” en su país.
El año pasado fueron detenidos más de 40 críticos al gobierno, incluidos siete potenciales rivales electorales de Ortega, quien ganó las presidenciales de noviembre para un cuarto mandato consecutivo. Los retenidos son acusados de “menoscabar la soberanía nacional”.
Familiares de estos presos habían denunciado recientemente que el gobierno negó el ingreso en prisión del CICR para constatar su estado de salud.
Daniel Ortega, un exguerrillero de 76 años en el poder desde 2007, acusa a sus opositores de querer derrocarlo con apoyo de Washington.
El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización humanitaria neutral y llegó a Nicaragua en 2018. En aquella época constató la situación de los cientos de detenidos tras protestas contra el gobierno de Ortega, en medio de una crisis política que aún persiste.
Tras una negociación en la que participó el expulsado nuncio Sommertag y la OEA, en 2019 se otorgó una amnistía y decenas de ellos fueron liberados. El CICR acompañó el proceso como parte de su labor humanitaria en el país.
