Más de 3.000 menores de edad se encuentran presos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022. La organización Human Rights Watch (HRW) anunció este martes que habían denunciado “malos tratos”, “detenciones indiscriminadas” y casos de tortura en el país.
En un informe titulado “Su hijo no existe aquí”, la organización documentó casos de violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias para combatir a las pandillas.
“Los datos que tenemos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, es que 3.319 niños y niñas fueron detenidos”, dijo la directora de las América de HRW, Juanita Goebertus, al presentar el informe en San Salvador.
El documento da cuenta de numerosas redadas de la Policía y el ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80.000 detenidos, incluidos los menores.
Asimismo, el informe dice que más de 1.000 niños han sido condenados, con penas que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos “por cargos definidos de forma excesivamente amplia [...] y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”.
“Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a los derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno” del presidente Nayib Bukele, aseguró Goebertus.
Bukele lanzó en marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas.
“El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos”, afirmó Goebertus, quien aseguró que “no es cierto que el pueblo salvadoreño tenga que escoger entre seguridad o derechos humanos”.
“Permitir que se violen derechos humanos, supuestamente para proteger la seguridad, empieza rápidamente a erosionar de tal manera el estado de derecho y la democracia que luego no quedan derechos para proteger a los ciudadanos”, expresó. El gobierno no ha comentado el informe.
