En un fallo contundente, un juez de Nueva York impuso una multa de 364 millones de dólares a Donald Trump por su participación en lo que se calificó como un ardid prolongado para engañar a bancos y otras entidades mediante la manipulación de estados financieros para inflar su riqueza personal. La suma asciende a unos 450 millones al sumar los intereses. Además, le prohíbe a él y a sus hijos, Donald Jr. y Eric –que también deberán abonar 4 millones cada uno–, desempeñar altos cargos en cualquier empresa del estado, incluida su empresa familiar.
El juez Engoron, en una sentencia emitida en septiembre durante un juicio sumario, determinó que Donald Trump y sus hijos inflaron fraudulentamente las valoraciones de los activos de su empresa entre 2011 y 2021. Esta acción tenía como objetivo obtener créditos beneficiosos de bancos y aseguradoras. En esa ocasión, el juez también ordenó la cancelación de las licencias comerciales del imperio inmobiliario de Trump en Nueva York. Sin embargo, esta decisión quedó en suspenso debido a la apelación presentada por Trump.
En el fallo emitido este viernes, Engoron levantó la prohibición de las licencias comerciales impuesta anteriormente. El juez expresó en el documento, que consta de 92 páginas, que “con el fin de obtener más préstamos y a tipos más bajos, los acusados presentaron datos financieros descaradamente falsos a los contables, lo que dio lugar a estados financieros fraudulentos”. Además, agregó que durante el juicio, los testigos y expertos de los acusados simplemente negaron la realidad y no asumieron la responsabilidad ni implementaron controles internos para prevenir futuras irregularidades.
Los abogados de Trump prometieron apelar. La abogada Alina Habba calificó el veredicto de “injusticia manifiesta” y “culminación de una cacería de brujas de varios años alimentada políticamente”. Ella y el abogado de Trump, Christopher Kise, dijeron que el veredicto, de confirmarse, dañaría el ambiente de negocios.
El juicio de dos meses y medio se centró en las prácticas empresariales de Trump antes de su presidencia, con el expresidente quejándose bajo juramento de ser víctima de un sistema judicial sesgado. El juez Engoron concluyó que Trump y sus coacusados no asumieron la responsabilidad de sus acciones y que los expertos de la defensa simplemente negaron la realidad.
La severa pena fue una victoria para la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, que demandó a Trump por lo que, según ella, no eran simples fanfarronadas inofensivas, sino años de prácticas engañosas mientras amasaba la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que lo catapultaron a la riqueza, la fama y la Casa Blanca.
