Por lo que respecta al Reino Unido, se sancionó a ocho altos cargos del Estado nicaragüense, entre ellos la vicepresidenta, Rosario Murillo. Además de Murillo –esposa del presidente Daniel Ortega–, fueron penalizados el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno; Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de Nicaragua; el exvicepresidente y presidente interino y actual magistrado del Consejo Electoral Supremo, Lumberto Ignacio Campbell; el comisario de la Policía Juan Antonio Valle y el comisario jefe de la Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez. Los sancionados tendrán prohibida la entrada al Reino Unido y será congelados sus activos en este país.
La secretaria de Estado británica para Europa y las Américas, Wendy Morton, dijo que “el régimen de Ortega está negando a las personas sus derechos fundamentales”. Morton precisó que la inclusión de Murillo se debe a que estuvo implicada en la represión de las manifestaciones.
Por lo que respecta a Estados Unidos, el Departamento del Tesoro impuso ayer sanciones contra el Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses, por su papel en la “represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales” tras la “farsa” de elecciones presidenciales. Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
Las sanciones son en represalia por “la farsa de elecciones nacionales orquestadas” por Ortega y Murillo y van dirigidas “contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”, señala el Tesoro en un comunicado.
En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense acusa al Ministerio Público (fiscalía) de haber “arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y de haberles impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua”.
