Este jueves se aprobó la “Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual” conocida como “Solo sí es sí”, la cual elimina la distinción entre abuso y agresión, regula la necesidad del consentimiento expreso y tipifica el acoso callejero. Una medida que el gobierno impulsó después de la violación grupal de “La Manada” a una joven en 2016.
“No queremos más ‘manadas’, ni para nosotras, ni para nuestras hijas”, agregó este jueves la senadora socialista Donelia Roldán Martínez.
Dos años y medio después de que el anteproyecto fuese aprobado en el Consejo de Ministros, el Congreso de diputados ha dado el sí definitivo por 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones, sólo se opusieron el Partido Popular (PP) y Vox. Dado que en julio, durante la votación en Senadores se introdujo una enmienda menor y el proceso requería que se votara nuevamente en la Cámara baja.
Algunos de los argumentos de quienes no votaron a favor de la ley fueron, por ejemplo, que podría generar irregularidades y que no es la ley que les habría gustado apoyar, de parte del PP, mientras que Vox calificó la norma de infame, porque “el objetivo no es proteger a la mujer, sino atacar al hombre”.
Por otro lado la sanción fue celebrada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la describió como una victoria y agradeció los años de lucha al movimiento feminista y, especialmente, a las víctimas de violencias sexuales.
El texto, que implica una reforma del Código Penal español, sitúa en el centro el consentimiento, esto quiere decir que sólo se entenderá como tal cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Además la utilización de violencia o de intimidación ya no serán necesarias para sostener un delito de violación, como ocurría hasta ahora.
La ley también considera ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución y castiga a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización.
Por otra parte, se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria y los menores que cometan delitos sexuales deberán realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.
“La Manada”: la violación grupal que conmovió al mundo
Es el caso de una la violación grupal en 2016 a una joven de 18 años por parte de cinco hombres que grabaron los hechos y que compartieron los videos por WhatsApp, generó fuertes reacciones en todo el país. El hecho ocurrió durante las fiestas de San Fermín en la ciudad de Pamplona, festival que se repite cada año en el mes de julio.
La condena en primera instancia, en abril de 2018, fue a nueve años de prisión por el delito de “abuso sexual” definido como tal por la ausencia de violencia o intimidación. Esto provocó masivas movilizaciones de mujeres en España bajo el lema “Yo sí te creo”, además de numerosas peticiones para endurecer el Código Penal ante casos de violación
Finalmente, el Tribunal Supremo corrigió la sentencia en junio de 2019 y consideró que sí había existido violación, por lo que elevó a 15 años de cárcel las penas para los acusados.
Desde el inicio del Gobierno de alianza en junio de 2018, entre el partido socialdemócrata PSOE del presidente Pedro Sánchez y el partido de izquierda Podemos, se prometió la adopción de una ley sobre el consentimiento explícito a favor de las víctimas de violencia.