Las ONG Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han denunciado este jueves una nueva ola de “atrocidades” cometidas en el oeste de Tigray, norte de Etiopía, por parte de las fuerzas de seguridad de la vecina región de Amhara, responsables, cuentan, de detenciones, asesinatos y desplazamientos forzosos.
“Los civiles que intentaban escapar de esta nueva ola de violencia han sido atacados y asesinados. Decenas de personas han sido detenidas, o bien se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo su vida, ya sea por torturas, hambre, o por negarles la atención médica”, han denunciado estas dos organizaciones.
La directora de Respuesta ante las Crisis de AI, Joanne Mariner, ha lamentado que esta “nueva oleada de abusos” en la región no haya sido suficiente para “hacer sonar las alarmas” de la comunidad internacional. “Si no se actúa de manera urgente, la gente de Tigray, en particular los detenidos, corren un grave peligro”, ha avisado. HRW y Amnistía relatan cómo en los últimos dos meses han aumentando los arrestos y las desapariciones en localidades como Adebai, Humera y Rawyan. “Estas milicias han separado familias, deteniendo a hombres jóvenes, y expulsando por la fuerza a mujeres, niños, ancianos y personas enfermas de sus hogares”, denuncian.
De acuerdo con los testimonios a los que han tenido acceso ambas organizaciones, estos grupos armados “han trasladado” en camiones a decenas de hombres y adolescentes hacia el centro de Tigray. Cuando alguien intentaba huir, “atacaban con machetes y hachas”, según una de estas fuentes.
Las autoridades etíopes deben poner fin de inmediato a los ataques contra la población civil, asegurar la puesta en libertad de quienes han sido detenidos de forma arbitraria y facilitar urgentemente el acceso a las agencias y organizaciones de ayuda humanitaria al oeste de Tigray”, han demandado HRW y AI .
Desde que estalló el conflicto armado en noviembre de 2020, el disputado oeste de Tigray es escenario de algunas de las peores atrocidades, incluyendo masacres, bombardeos indiscriminados y desplazamientos forzosos. Un año después, según Naciones Unidas, 1,2 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus casas.
