Un “informe independiente de auditoria” publicado el 15 septiembre de 2021, acusaba a la actual directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, de ejercer “presiones indebidas” a funcionarios del Banco Mundial cuando se desempeñaba como directora general en esa institución –entre 2017 y 2019–para que mejoraran la clasificación de China en el informe “Doing Business” de 2018, a cambio de un aporte mayor de capital que el BM buscaba en esos años.
La administración Biden podría estar detrás de las denuncias, a juzgar por el hecho de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, no ha atendido las llamadas de Kristalina y así se ha encargado de difundirlo, según se puede recopilar de los medios norteamericanos en las últimas horas.
Aparentemente, las denuncias se originan por el tratamiento o destino de fondos y una nueva asignación de los mismos por USD 650 mil millones, el 23 de agosto pasado, “de los países más ricos para respaldar a los más pobres y los más vulnerables” para solventar efectos pandemia y otros. Estos no constituyen préstamos sino derechos / activos de reserva en divisas global que pueden ser usados por los Estados miembros del FMI.
Se buscaría entonces cortar la línea “progresista” sobre los DEG que ha intentado implementar Georgieva, por la cual algunos Estados, en especial los de ingresos bajos o medios, tendrían mayor liquidez, reservas internacionales y margen de maniobra en la relación ingresos/deuda externa contrariando en parte, desde el propio centro del sistema financiero global, los valores e intereses del neoliberalismo.
En las últimas horas se definirá esta situación, ya que el FMI quiere resolverla antes de anuncios de escala mundial que esperan no ser opacados por esta destitución inminente.
