El Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz llevará a cabo un juicio en el que una mujer sin pareja reclama a la Seguridad Social la ampliación de su baja por maternidad. La fecha estimada que pautó el juzgado para desarrollar el mismo es el 13 de enero de 2025.
A raíz de que el plazo resulta demasiado excesivo, al faltar dos años y medio, el abogado laboralista Roberto Mangas Moreno, quien representa a la demandante, reclamó que: “El niño estará ya en el colegio. El procedimiento carecerá de sentido. La justicia deja de ser justicia. Es escandaloso e inhumano”, clama el abogado laboralista Roberto Mangas Moreno, quien representa a la demandante.
Esta funcionaria dio a luz en febrero y acaba de finalizar las 16 semanas de prestación por nacimiento y cuidado de menor que le correspondían. Su reclamación pasa por poder incorporar ahora el permiso al que tendría derecho el otro progenitor en caso de ser una familia biparental y que sería de otras 16 semanas. La demanda alega que no cabe “ofrecer un trato distinto de cuidado y crianza a los niños en función de la composición” del hogar del que formen parte y señala que todos “tienen derecho a igual protección social”.
Antes de acudir a la vía judicial, esta madre realizó una solicitud inicial ante la Seguridad Social y, frente al silencio administrativo, el abogado interpuso una reclamación previa el 3 de mayo. Quince días después, el organismo público se manifestaba, pero lo hacía rechazando la petición, por lo que el 21 de ese mismo mes era presentada la demanda. Este martes Mangas Moreno recibía el decreto de admisión, pero con ello también la irritante sorpresa de que la citación no va a ser precisamente inminente.
“Lo he puesto en común con un grupo de más de cien abogados laboralistas y jamás han visto un señalamiento para casi tres años en el orden social. Menos con un tema con el que se busca que la madre disfrute del permiso por lo menos dentro del primer año de nacimiento del bebé, o como mucho el segundo”, protesta el letrado, quien se plantea solicitar medidas cautelares. De momento ha interpuesto dos recursos ante el juzgado con la esperanza de que revise bien las causas y adelante la fecha.}
En Sevilla no les suena tan raro que se produzcan retrasos excesivos. El abogado Daniel Sánchez Bernal presentó una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional por entender que un señalamiento de juicio para tres años y medio después vulneraba “el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones”. Hace un mes el alto tribunal aceptaba a trámite esa demanda de amparo, un hecho que su colega Mangas Moreno califica de éxito: “No ha habido aún un pronunciamiento sobre el fondo, pero supone una gran victoria porque solo se admiten entre un 1 y un 2% de los recursos y este se ha admitido porque tiene interés público notorio. Esperamos que finalmente haya un toque a los juzgados, al Ministerio de Justicia, al Gobierno...”
A la espera de una ley... o del Supremo
PSOE y Unidas Podemos han pactado tramitar a partir de septiembre la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya ha apuntado que su formación plantea ampliar el periodo de baja de las familias monoparentales. El objetivo es que “puedan disfrutar de las mismas semanas que las biparentales en conjunto”. La norma iría así en la línea de lo aprobado en el Congreso en marzo. La Cámara dio luz verde entonces a una proposición de ley del PP para aumentar a 26 semanas los permisos de los hogares con un solo progenitor, en su inmensa mayoría con una mujer al frente.
Esta es una reivindicación que dichas familias llevan años planteando y que hasta el momento han tenido que batallar en los juzgados. En muchas ocasiones, los jueces les han venido dando la razón alegando que si no se produciría una discriminación frente a los menores que tienen dos padres y se conculcaría el derecho de igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño. Las administraciones han recurrido esos fallos y uno de los casos ha llegado ya al Supremo, que cuando se pronuncie al respecto empezará a marcar el camino de cómo deben actuar los tribunales.
“Esperamos que antes de que acabe el año haya una resolución, o bien del Supremo o bien del Parlamento. No sabemos qué tardará más, si que actúen los políticos o que lo haga la justicia”, apunta el abogado laboralista. Por ahora, sin un criterio unificado los pronunciamientos son dispares y las resoluciones definitivas se eternizan entre recursos y señalamientos tremendamente tardíos.
