La Corte Penal Internacional (CPI) anunció hoy que ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, debido a su presunta implicación en el secuestro de niños en Ucrania. Desde el Kremlin, el vocero Dmitry Peskov manifestó que Rusia no reconoce a la Corte Penal Internacional y considera que sus decisiones son “legalmente nulas”.
Además, Peskov calificó la decisión de la corte, de emitir una orden de arresto contra Putin, como “indignante e inaceptable”. Por su parte, el tribunal divulgó el comunicado a través de sus plataformas afirmando que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa”.
Aun así, la CPI también emitió el viernes una orden de detención contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova. La funcionaria se desempeña como comisionada para los derechos de la infancia de la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, y le corresponden imputaciones similares.
El presidente de la corte, Piotr Hofmanski, manifestó en un video subido a Youtube hace instantes que si bien los jueces de la CPI emitieron las órdenes, dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir. Esto se debe a que la CPI no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes.
“La CPI está haciendo su parte de trabajo como tribunal de justicia. Los jueces emitieron órdenes de arresto. La ejecución depende de la cooperación internacional”, declaró Hofmanski.
Un posible juicio a algún ruso en la CPI sigue siendo una posibilidad muy remota, ya que Moscú no reconoce la jurisdicción del tribunal. Esta es una posición reafirmada a principios de esta semana por el citado portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y no extradita a sus ciudadanos.
Cabe destacar que Ucrania tampoco es miembro de la corte, pero le ha otorgado a la CPI jurisdicción sobre su territorio, por lo cual el fiscal de la CPI, Karim Khan, la ha visitado cuatro veces desde que abrió una investigación hace un año.
Al respecto, la CPI manifestó que su sala de cuestiones preliminares halló que existían “fundamentos suficientes para creer que cada sospechoso tiene responsabilidad por el crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusia en perjuicio de niños ucranianos”.
Una investigación respaldada por la ONU mencionó el jueves pasado los ataques rusos a civiles en Ucrania. Desde la organización también mencionaron la tortura sistemática y matanzas en zonas ocupadas, entre otros presuntos actos que constituyen crímenes de guerra y posiblemente de lesa humanidad.
Según trascendió, la amplia investigación también descubrió crímenes contra ucranianos cometidos en territorio ruso, como impedir que niños ucranianos deportados se reunieran con sus familias, un sistema de “filtración” que apuntaba a identificar a ucranianos para encarcelarlos, torturarlos y someterlos a condiciones de detención infrahumanas.
Sin embargo, la CPI puso el viernes el rostro de Putin en las denuncias de secuestro de niños elevando el revuelo de una guerra que se agrava.
