El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diseñó un plan para que los servicios de inteligencia repriman a la oposición, cometiendo crímenes de lesa humanidad, como torturas y agresiones sexuales. Así lo denunció este martes la ONU a través de un informe redactado por una misión especial.
Las conclusiones presentadas muestran el papel del servicio de inteligencia (SEBIN) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos delitos “en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señala la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
La misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de la DGCIM desde 2014 hasta la actualidad.
Entre los métodos de tortura utilizados figuran “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la ‘tortura blanca’”, detalla el texto.
Estos hechos tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en toda Venezuela, según Ámbito.
El rol de Nicolás Maduro
Según el análisis de la misión de la ONU y la información recibida, las autoridades detuvieron a personas supuestamente disidentes y opositoras al gobierno. En algunos casos, el presidente Maduro y otras personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, “participaron en la selección de los objetivos”.
El informe también cita a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, como origen de las órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el SEBIN.
Exdetenidos en el en el centro ‘El Helicoide’, en Caracas, explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban: sólo se les permitía una visita diaria al baño y el resto de sus necesidades debían hacerlas en una botella de plástico. Había celdas “privilegiadas” con mejores condiciones para las que los detenidos tenían que pagar.
“Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, añade.
La misión, que ya presentó dos anteriores informes en 2020 y en 2021, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el SEBIN y la DGCIM, “continúan hasta hoy”. “Han tenido lugar en un clima de casi total impunidad”, en términos de Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.
Batalla por el control del oro
El panel de la ONU también publicó un informe sobre las violaciones de los derechos humanos, cometidas por “actores estatales y no estatales”, contra la población local en el llamado Arco Minero del Orinoco, extensa región del sur de Venezuela rica en oro y otros minerales como hierro o coltán.
El grupo detalla “privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género”.
En el estado de Bolívar y en otras zonas mineras, “las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro”, añade.
Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia. Basa sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
