La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió ayer a Nicaragua la liberación de los opositores detenidos antes de las elecciones de noviembre y reinstaurar la legalidad de los partidos que la perdieron durante una campaña en la que el alto comisionado denunció una larga lista de irregularidades.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró ayer una sesión especial sobre las recientes elecciones nicaragüenses, cuya legitimidad ha sido puesto en duda por la comunidad internacional, y la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif lamentó “el deterioro de los derechos civiles y políticos durante ese proceso electoral”. Ello derivó en la “exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses para participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder”, aseguró la “número dos” de la oficina de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.
Entre mayo y octubre, la oficina documentó la detención arbitraria de al menos 39 políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, entre ellos siete posibles candidatos a los comicios que el presidente Daniel Ortega ganó con un 75% de los votos.
Todos ellos “fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”, subrayó Al-Nashif, quien denunció que 35 de esas personas siguen detenidas en el centro de prisión preventiva “Nuevo Chipote”, en las afueras de Managua. “Muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y sólo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas”, lamentó la “número dos”.
