Junto a otras 600 familias, Francisco Parra comenzó a protestar en los alrededores de su vivienda para llamar la atención de las autoridades de Almensilla, España, desde el interior de un pozo, donde vive hace tres días. El motivo radica en que los vecinos fueron presuntamente estafados por un tesorero que debía abonar casi 3 millones de euros para comenzar el proceso de urbanización en esa localidad. Sin embargo, los afectados llevan varias décadas en la misma situación.
El pasado lunes, Francisco tomó una drástica decisión nacida del hartazgo: ingresó a un pozo cloacal de, al menos, seis metros de profundidad para protestar por la urbanización de su barrio. Este proceso fue comenzó por cientos de vecinos hace tres décadas, cuando conformaron una junta de compensación para gestionar la instalación de servicios básicos y el asfaltado de calles.
En aquella ocasión, los propietarios tomaron préstamos y vaciaron sus ahorros para darle al tesorero, Julio Mateos Palacios, una suma de 2,7 millones de euros para llevar, entre otras cosas, energía eléctrica y agua al Sector F ubicado en el municipio sevillano de Almensilla. “La gente que estaba organizando ese dinero lo tomó y se fue”, explicó la víctima.
En esa “urbanización”, como se refieren algunos vecinos sobre el poblado en el sitio web donde cuentan su historia (Almensilla - Sector F), en los días de lluvias las calles se anegan, las veredas son intransitables y muchos no cuentan con servicio de internet. Por esta sumatoria de complicaciones, Francisco decidió sumarse a las protestas desde el interior del pozo, donde -mal-vive pasando mucho calor y rodeado de cucarachas y roedores.
“Salimos todos perjudicados. El tema de la salud es el que más me preocupa porque todos estamos tomando pastillas por depresión”, reveló el hombre a medios locales. La situación es tan desgastante, que al hablar sobre su familia Francisco rompe en llanto: “Mi hijo está amargado, mi hija está en el extranjero. Lo siento por ellos, han venido a intentar sacarme”.
Según contó el hombre, entre el dinero que aportó hace más de tres décadas y el que le resta por abonar -muchos vecinos hipotecaron sus casas o tomaron préstamos para pagar deudas- ya ha perdido alrededor de 250 mil euros.
En los últimos días, cerca de 2.500 vecinos iniciaron protestas en la urbanización para llamar la atención del municipio, pero aún no han tenido respuestas favorables. “No han mandado a nadie del Ayuntamiento ni nada, solo vino la Guardia Civil para saber qué estaba pasando. El Ayuntamiento fue el que nos dijo que este terreno se urbanizaría, pero no se ha hecho nada. Lo que hay que hacer es intentar solucionar las cosas, pero no se ha interesado nadie”, agregó con pesar el hombre.
Por su parte, Julio Mateos Palacios fue detenido por las autoridades y pasó tres años en prisión a la espera de su sentencia. Según el medio Antena 3, el presunto estafador enfrentaba seis años de cárcel, pero un fiscal rebajó la pena a tres y medio.
