Una mujer integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, que indagaba desde hace casi tres años el paradero de uno de sus hijos, fue asesinada en el noroeste de México, informaron este miércoles por la noche las autoridades locales.
Rosario Rodríguez, miembro del colectivo “Corazones sin Justicia” del estado de Sinaloa (noroeste), fue subida a la fuerza a una camioneta por hombres armados cuando regresaba a su casa tras participar la noche del martes de una misa dedicada a su hijo Fernando Ramírez, desparecido desde octubre de 2019, según información de la organización Adónde van los Desaparecidos. Horas después, su cadáver fue hallado cerca de un puente de la localidad de Elota, su lugar de residencia, en la zona sur de Sinaloa, agregó el reporte.
“Lamento profundamente el asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, luchadora incansable como muchas otras mujeres sinaloenses que buscan a sus seres queridos”, escribió en Twitter el gobernador estatal de Sinaloa, Rubén Rocha. Diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana también lamentaron la muerte violenta de la activista.
El crimen de Rodríguez ocurrió en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, aunque se desconoce si la desaparición de su hijo es responsabilidad de agentes del Estado. La fiscalía de Sinaloa investigará el asesinato como feminicidio, informó, por su parte, el vicefiscal estatal Dámaso Castro.
“Para la fiscalía es prioritario esclarecer la muerte de la señora Rosario (...) por tratarse de una mujer y además parte de un grupo sumamente vulnerable como son las buscadoras de personas desaparecidas”, agregó Castro, citado en un comunicado. El martes, familiares de desaparecidos marcharon en varias ciudades de México denunciando ineficacia de las autoridades para hallar a sus seres queridos.
Desde 1964 a la fecha, México contabiliza más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Pero colectivos de búsqueda y activistas creen que la cifra es mucho mayor, pues algunas familias no denuncian ante las fiscalías por miedo o desconfianza.
