El Gobierno de México acusó este martes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” por el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, al que México había concedido el asilo.
El miércoles será el turno de la delegación de Ecuador de presentar sus alegatos orales ante la corte de La Haya, máximo tribunal de las Naciones Unidas.
“Hay líneas en derecho internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones de Ecuador no sólo infringen los límites establecidos del derecho internacional, también crean un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional”, explicó el representante mexicano en la corte, Alejandro Celorio.
En la noche del 5 de abril, después de varios días de tensión, hombres armados de las fuerzas ecuatorianas de seguridad invadieron la embajada de México en la capital, Quito, en un escándalo sin precedentes en la región. Los agentes se llevaron por la fuerza al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, procesado por la justicia de Ecuador y a quien las autoridades mexicanas habían concedido estatus de asilado.
Ante la gravedad de lo ocurrido, México elevó el caso a la CIJ para pedir, entre otras cosas, la suspensión temporal de la membresía ecuatoriana en el sistema de la ONU. Sin embargo, el caso tuvo el lunes una inesperada vuelta de tuerca cuando Ecuador formalizó ante la misma corte de la ONU una demanda contra México por el asilo concedido a Glas.
La CIJ celebra hoy la primera audiencia pública sobre el caso para presentar sus argumentos en su acusación de supuestas violaciones al derecho internacional cometidas por Ecuador, contra quien México pide medidas cautelares contra Ecuador para “proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”.
Celorio insistió en que Ecuador ha infringido “una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones entre Estados” con sus acciones en Quito y subrayó que en el núcleo de su caso concreto está “la certidumbre legal de cualquier otro Estado soberano, organización internacional o tribunal”. Celorio dijo que, incluso después del incidente, las declaraciones de los representantes ecuatorianos no han hecho más que aumentar su preocupación. “No se nos han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones ni Ecuador ha reconocido totalmente su obligación de no entrar en las premisas de México”, indicó.
