Un joven de 21 años murió el martes como víctima de los disparos de un grupo de tres activistas mapuches en la localidad de Cañete, al sur de de Chile, quienes previamente incendiaron unas cabañas de la zona.
Así lo informó esta jornada el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien lamentó la muerte de esta persona, identificada como Moisés Orellana por la prensa local, a consecuencia de “un conflicto en el que no tenía ninguna parte”.
Según relató Galli a los periodistas, el presunto grupo de activistas mapuches atacó tres cabañas de la localidad de Cañete, de las que sacaron a las familias que vivían en ellas para luego incendiarlas.
En su huida, los atacantes se toparon con un vehículo, contra el que dispararon, causando la muerte del joven e hiriendo al resto de ocupantes.
La policía de Chile investiga el asesinato, pero el gobierno la vinculó a “grupos organizados” presuntamente responsables de un nuevo ataque incendiario en la zona.
De acuerdo a la Policía de Investigaciones (PDI), un grupo de encapuchados atacó un complejo de cabañas en la región del Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, obligando a las personas en su interior a salir, para posteriormente prender fuego a los edificios.
Los asaltantes robaron dos vehículos para emprender la huida tras incendiar las cabañas, en el sector de Cañete, dentro de la zona en conflicto por años entre comunidades indígenas de etnia mapuche y empresas forestales.
A seis kilómetros del incendio provocado, el joven murió de un disparo en la cabeza tras un “pequeño altercado” con unos encapuchados, según relató a la prensa el prefecto de la PDI, Carlos Días.
El atentado incendiario fue “reivindicado y justificado” en petición de la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, comentó el subsecretario.
Esta es una reivindicación habitual del pueblo mapuche para que sus presos tengan una sanción penal diferente que respete sus costumbres y puedan, por ejemplo, cumplir el presidio en arresto domiciliario en sus comunidades.
“Ninguna demanda, por legítima que sea, justifica estos niveles de violencia, menos aún cuando hoy tenemos que lamentar la muerte de un joven de 21 años producto de un ataque armado”, expresó Galli.
Conflicto de décadas
En La Araucanía y otras regiones del sur de Chile existe desde hace décadas el llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
En este marco, son frecuentes desde hace años los ataques incendiarios a maquinaria agrícola y predios, aunque en las últimas semanas la disputa ha subido de intensidad y se han registrado además ocupaciones de edificios municipales y huelgas de hambre de presos indígenas.
Mediante estas huelgas, los presos piden que se les aplique el convenio 169 de la OIT, reclamo que encuentra eco en los activistas mapuches que les apoyan desde el exterior.
En las últimas semanas volvió a tomar relevancia la huelga de hambre del líder mapuche Celestino Córdova, encarcelado por asesinato, quien tras 107 días llevando a cabo esa medida de presión alcanzó este martes un histórico acuerdo con el Gobierno de Chile que le permitió pasar hasta 30 horas en su domicilio para encabezar un ritual mapuche.
En medio de la tensión, el Gobierno de Chile anunció la convocatoria de un comité semanal para enfrentar la escalada de tensión del denominado “conflicto mapuche”.
“Tenemos claro que aquí hay una deuda pendiente en la que tenemos que avanzar”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, tras el primer encuentro de este comité especial que liderará el presidente Sebastián Piñera, junto a diferentes ministerios.
El Comité Wallmapu (territorio mapuche, en idioma mapudungún) pretende hacer frente al histórico conflicto mapuche que enfrenta a esta comunidad indígena, la más numerosa de Chile, con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales en la región de la Araucanía y otras regiones del sur.
“Queremos destacar la importancia que para el presidente Sebastián Piñera y nuestro Gobierno tiene enfrentar de forma integral el desarrollo territorial, colectivo, social, de nuestros pueblos originarios”, agregó Rubilar.
La semana pasada, los camioneros levantaron un paro por tiempo indeterminado luego de que el gobierno les asegurara medidas para poder circular por la zona. Los camioneros de carga son atacados por encapuchados que queman sus máquinas, en atentados que en ocasiones son reivindicados por grupos radicalizados de indígenas mapuches que reclaman las tierras que fueron de sus antepasados. Los camioneros afirman que en lo que va del año unas 500 máquinas fueron destruidas
