La Fiscalía de Perú ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, según una fuente vinculada a la investigación que se sigue al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
La solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles, aunque esa decisión es competencia de las autoridades judiciales.
Por su parte, el expresidente peruano Pedro Castillo afirmó ayer que está “injusta y arbitrariamente detenido” y pidió a las fuerzas de seguridad de su país que “depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, durante una audiencia ante el Tribunal Supremo. Castillo publicó el pasado lunes una carta desde su centro de detención en la que aseguró que considera estar “secuestrado” y tachó de “usurpadora” a Boluarte.
En tanto, el gobierno peruano declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán los puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las violentas manifestaciones antigubernamentales en las que han muerto siete personas, informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
“Comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional, vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para conseguir el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la constitución garantiza”, dijo Otárola en una declaración a la prensa. Adicionalmente, anunció que “se ha dispuesto la inmediata protección a cargo de las Fuerzas Armadas de los puntos estratégicos de activos nacionales”.
