La Fiscalía de Querétaro, México, ha sido centro de una fuerte controversia al acusar de homicidio a una adolescente de 14 años, que según la defensa, sufrió un aborto espontáneo tras un embarazo producto de una violación. Una organización feminista de la ciudad representa a la menor y sostiene que ella desconocía su estado de embarazo, por lo que no intervino en la pérdida.
Sin embargo, la polémica también gira en torno al detalle de la acusación de la Fiscalía estatal. Aseguraron que no fue un aborto, sino que “el bebé nació y respiró”, y murió más tarde por estrangulamiento. Con base en esta declaración, la Fiscalía acusa a la menor de homicidio, lo que podría llevar a la adolescente a cumplir una pena de hasta tres años de internamiento juvenil.
La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ordenó que la Secretaría de las Mujeres dé seguimiento legal al caso y brinde acompañamiento a la familia afectada. En su conferencia de prensa tradicional, expresó su rechazo a la acusación: “No se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años”.
“No estamos de acuerdo [con la actuación de la Fiscalía]”, agregó y concluyó. Cabe mencionar que en el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el aborto legar y seguro, pero varios Estados han acatado el fallo. Querétaro es uno de ellos.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, adelantó que habrá una reunión con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, con la Fiscalía implicada, el Instituto de las Mujeres y otras instituciones de defensa de la niñez. “La procuración de justicia sin perspectiva de género y sin lógica jurídica y de derechos humanos comete este tipo de injusticias. No lo permitiremos”, ha dicho la funcionaria, en función con el objetivo del encuentro.
La organización feminista Adax Digitales criticó la actuación de la Fiscalía queretana, al señalar que no se ha dado el mismo esfuerzo en investigar la denuncia de violación de la menor. Según la organización, la niña también fue presionada para cubrir una indemnización al presunto violador, lo cual consideran “una clara injusticia y un maltrato institucional”.
En redes sociales, la ONG cuestionó la manera en que la Fiscalía llevó el caso. Señalaron varias inconsistencias, principalmente porque el presunto agresor fue citado y luego de negar la acusación, se cerró la investigación de violación a pesar de pruebas que confirmaban la paternidad.
El fiscal de Querétaro, Víctor Hernández, argumentó que el caso está fundamentado en los exámenes periciales y defendió la acusación contra la niña, que es vista como la culpable de la muerte de “una persona que nació, que respiró, que efectivamente fue producto de una gestación de más de 36 semanas”. Insistió el funcionario: “La causa del fallecimiento fue por estrangulamiento”.
