Una nueva legislación impulsada por el Parlamento de Grecia permite la implementación de una semana laboral de seis días y hasta 13 horas de trabajo por jornada. En este marco, miles de ciudadanos de las principales ciudades de ese país se embarcaron en una manifestación de 24 horas en contra de la reforma laboral del gobierno conservador de Kiriakos Mitsoakis.
La controvertida reforma laboral votada esta semana afecta principalmente a empleados de empresas privadas y de sectores de la salud, transporte y educación. Los mismos fueron quienes acompañaron al sindicato de trabajadores del sector público, ADEDY, este jueves en una protesta masiva y nacional con pancartas en las que se leía “Nos convertimos en esclavos modernos”.
Y es que la reforma habilita a los ciudadanos a tener un segundo trabajo a tiempo parcial, es decir, de hasta 5 horas diarias. Este mismo complementará a su forma de sustento principal, con lo cual, quienes tomen esta decisión tendrían una jornada laboral de hasta 13 horas.
Por otro lado, se estipuló que las empresas que adhieran a la semana de seis días laborales deberán pagar un 40% adicional a sus trabajadores. En este sentido se pronunció el ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis, quien explicó que el objetivo de la ley es “estimular el empleo” y “aumentar el número de puestos viables y correctamente pagados”.
En la misma línea, el Parlamento sostiene que la reforma es una medida que permitirá formaliza la economía, ya que se eliminarán las horas extraordinarias no declaradas. Pero, tanto esta medida como la que establece el adicional que se pagará a los empleados que realicen horas extras, preocupa a los sindicatos, ya que las pocas o nulas inspecciones laborales podrían llevar a casos que beneficiarían a las empresas.
El presidente del sindicato de trabajadores de la agricultura, Lambrini Christoyanni, dijo que la ley votada por 158 diputados de Nueva Democracia -partido de centroderecha cuyo actual presidente, Kiriakos Mitsoakis, ganó las elecciones de 2019- “deja la puerta abierta para trabajar hasta 13 horas al día, y hasta que tengamos 74 años”. Esto último haciendo referencia al aumento de la edad jubilatoria.
“También pone fin a las demandas de los trabajadores de aumentos salariales, aumentos que merecen”, agregó. Esto también elevó el temor en torno al derecho a huelga, ya que la nueva legislación establece una multa de 5.000 euros y hasta seis meses de cárcel a quienes obstaculicen la entrada de trabajadores a sus puestos laborales.
Por último, el Parlamento dio luz verde a las empresas que quieran despedir a empleados en su primer año de contratación a hacerlo sin indemnización y sin necesidad de previo aviso. El período de prueba fue aumentado a seis meses y también se castigará con una multa de 10.500 euros a los empleadores que no declaren horas extras o cambios de turnos, explicó el medio La Vanguardia.
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