El Gobierno de Reino Unido anunciará este martes 7 de marzo una nueva legislación sobre los cruces en botes pequeños a través del Canal de la Mancha en medio de fuertes críticas. La ministra del Interior, Suella Braverman, quien ha liderado la forma de abordar el asunto de la migración ilegal, publicará la ley.
Los detalles de la legislación pueden incluir medidas como el aumento de las penas para los traficantes de personas, el aumento de las patrullas y la vigilancia a lo largo de la costa, y la posible detención y deportación de quienes ingresan ilegalmente a Reino Unido en pequeñas embarcaciones.
Los críticos han argumentado que las leyes propuestas no reconocen la naturaleza humanitaria de la crisis y podrían dar lugar a violaciones del derecho internacional y los derechos humanos. Además, podrían conducir a la detención y deportación de personas vulnerables, incluidos niños, que huyen de la persecución. En respuesta a la legislación propuesta, algunos grupos de derechos humanos han pedido un enfoque más compasivo y práctico hacia el problema, como mejorar el acceso a rutas seguras y legales para refugiados y solicitantes de asilo.
Esto ocurre en el marco de las reformas del año pasado, cuando el gobierno británico anunció un nuevo y controvertido plan de reubicación que haría que los solicitantes de asilo que intentaran ingresar al Reino Unido fueran enviados a Ruanda para su reasentamiento. El entonces primer ministro, Boris Johnson, dio a conocer el nuevo enfoque y afirmó haber establecido una “oferta de asilo líder en el mundo” que protegería las fronteras de Reino Unido, pondría fin al contrabando ilegal de personas y recuperaría el control de la inmigración legal.
En su discurso del 4 de enero, el actual primer ministro, Rishi Sunak, dijo que abordar el problema de los barcos de migración irregular, también conocidos como cruces del Canal, se encuentra entre las cinco prioridades principales de su Gobierno. Según los datos oficiales, un récord de 45.756 inmigrantes cruzaron el Canal hacia Reino Unido en 2022. En enero de este año, el tribunal superior de Londres concedió una apelación a una organización benéfica que impugnó la decisión de una corte de que los planes del Gobierno para enviar solicitantes de asilo a Ruanda son legales en principio.
En contra de las críticas, la ministra Braverman indicó que quiere seguir adelante con la política de deportación “lo antes posible” y agregó que el Londres está listo para defender la política “contra cualquier otro desafío legal”.
