Los talibanes estarían incumpliendo la amnistía general que prometieron al derrocar en agosto pasado al gobierno de Kabul tutelado por Washington. Según fuentes de Naciones Unidas, más de un centenar de agentes de las fuerzas de seguridad e incluso exfuncionarios han sido “ejecutados extrajudicialmente” desde entonces, en 72 casos, de forma probada, a manos de los talibanes.
La misma suerte habrían corrido, en la provincia de Nangarhar, medio centenar de terroristas del denominado Estado Islámico en Jorasán, que mantienen su campaña de atentados contra objetivos civiles. El método más empleado habría sido la decapitación, en algún caso pública, como en Arabia Saudí, y también habría habido ahorcamientos. Así lo ha declarado hoy en Ginebra la Alta Comisaria adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Nada al Nashif.
El anterior gobierno de Kabul, que mantuvo la pena de muerte, utilizaba tanto la horca como el pelotón de fusilamiento para ejecutar a prisioneros talibanes condenados, habitualmente en la prisión de Pul-e-Charkhi. Sin embago, un portavoz talibán del Ministerio del Interior ha calificado las alegaciones de “injustas” y ha negado que haya ejecuciones extrajudiciales a manos del restaurado Emirato Islámico de Afganistán, que tiene en su cúspide a un jurista islámico.
En su lugar a atribuido dichas muertes a “problemas personales”, tras veinte años de guerra. Cabe señalar que la guerra posterior a la invasión estadounidenses de 2001 habría provocado un mínimo de 175.000 muertos y millones de heridos, desplazados y refugiados.
