Por seis votos a favor y uno en contra, los magistrados del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), organismo fiscalizador del Estado brasileño, aprobaron la primera etapa para el avance de la capitalización de la mayor empresa eléctrica de América Latina, cuya venta podría rendirle al Estado unos USD 12.900 millones.
En esta primera etapa, considerada la más importante del proceso, el tribunal analizó los valores propuestos por el Gobierno en la operación, entre ellos la bonificación que Eletrobras, una vez privatizada, deberá pagar al Estado brasileño por la renovación de los contratos de sus 22 plantas hidroeléctricas.
El único voto en contra del seguimiento del proceso fue proferido por el juez Vital do Rego, quien cuestionó el modelo económico y financiero de la privatización, aprobado por el Congreso en junio de 2021, y apuntó un error metodológico en los cálculos sobre el valor de la compañía. El visto bueno definitivo para la privatización de Eletrobras, sin embargo, todavía deberá pasar por un segundo juicio del TCU, que deberá tener lugar en marzo.
En esa etapa, el tribunal evaluará el modelo de venta propuesto por el Gobierno, que reduciría su participación en la empresa del actual 60% hasta un 45%. En ese marco, la ley aprobada por el Congreso establece que el Ejecutivo podrá privatizar Eletrobras mediante la emisión de nuevas acciones de la estatal, que serán vendidas en la bolsa de valores en una subasta en la que el Estado no participará.
Pese a los reveses en el proceso, el equipo económico de Jair Bolsonaro confía en recibir el aval para la desestatización de la compañía hasta mayo próximo y concluir la privatización aún este 2022, año en el que Brasil celebrará elecciones.
Eletrobras, la mayor empresa de energía de Latinoamérica, es responsable de un tercio de la generación en Brasil y posee cerca de la mitad de las líneas de transmisión del país, con una extensión sumada de más de 70.000 km de tendidos eléctricos, y una capacidad instalada de generación de unos 50.000 megavatios (MW).
