El tribunal penal del Vaticano emitió el sábado una condena en primera instancia contra el cardenal italiano Angelo Becciu, de 75 años, a cinco años y medio de prisión por fraude financiero en un caso vinculado a operaciones financieras de la Santa Sede.
Becciu, exasesor cercano del papa Francisco, fue juzgado junto a otras nueve personas en relación con la compra de un edificio de lujo en Londres por 350 millones de euros entre 2014 y 2018.
Se trata del funcionario de mayor rango de la Iglesia Católica en comparecer ante este tribunal, que imparte la justicia civil de la Ciudad-estado. Además de la pena de prisión, Becciu fue multado con 8.000 euros (8.700 dólares). La fiscalía vaticana había solicitado una condena de siete años y tres meses de prisión, así como una multa de más de 10.000 euros.
“Respetamos el veredicto, pero ciertamente presentaremos una apelación”, dijo Fabio Vignone, abogado del obispo.
Este caso, con múltiples ramificaciones, pone de nuevo sobre la mesa la opacidad de las finanzas del Vaticano, pese a que el papa Francisco ha intentado sanear su funcionamiento desde su elección en 2013.
El pontífice también reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos, y no solo en instancias religiosas.
El fiscal, Alessandro Diddi, había pedido penas de Cinco Años y Medio de Prisión por Fraude Financiero en el Vaticano, además de sanciones financieras, contra los diez acusados que comparecían por fraude, desvío de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión.
De las diez personas procesadas, una fue absuelta, otras dos fueron condenadas a multas y otra a una pena de prisión en suspenso de un año y medio.
La pena más dura, siete años y medio de prisión y multa de 10.000 euros (unos 10.900 dólares), fue para Fabrizio Tirabassi, un exempleado de la Secretaría de Estado que supuestamente recibió comisiones.
Becciu, exnúmero dos de la Secretaría de Estado, principal órgano del gobierno central de la Santa Sede, conserva su título de cardenal pero fue destituido de todas sus funciones en septiembre de 2020, informó la agencia de noticias AFP.
El tribunal explicó que había declarado culpable de malversación de fondos a Becciu porque había ordenado pagar entre 2013 y 2014 un total de 200,5 millones de dólares de los fondos de la Secretaría de Estado a un fondo de inversión “altamente especulativo” liderado por Raffaele Mincione, condenado también a cinco años y medio de prisión y una multa de 8.000 euros.
Además, declaró culpable al cardenal de haber pagado 125.000 euros (unos 136.000 dólares) a una cooperativa gestionada por su hermano así como de haber pagado otros 570.000 euros (622.000 dólares) a un intermediario por la liberación de una monja rehén en África, pero que nunca sirvieron para lograr este objetivo.
El tribunal también ordenó la confiscación de bienes por valor de 166 millones de euros a los condenados, así como el pago de 200 millones de euros en daños a las partes civiles, cuatro instituciones vaticanas.
Entre los momentos destacados del proceso figuran las revelaciones sobre una conversación telefónica de Becciu, a iniciativa suya, con el papa y grabada sin el conocimiento de este, poco antes del juicio, en la que le pedía confirmar que había aprobado movimientos financieros confidenciales.
Esta adquisición, a un precio sobrevalorado, puso en evidencia el uso imprudente del Óbolo de San Pedro, la gran colecta anual de donativos destinados a las acciones caritativas del papa. Igualmente, generó pérdidas sustanciales en las finanzas del Vaticano.
La Santa Sede finalmente revendió el edificio de 17.000 m2 situado en el elegante barrio de Chelsea, a costa de grandes pérdidas.
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