Como prefacio es menester traer a colación el articulo 1″ de nuestra Constitución, el cual reza: “La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal…”. Ahora bien, en lo que respecta al segundo de sus caracteres (“republicana”) es preciso enfatizar que el mismo básicamente nos quiere decir, entre otras cosas, que existe una división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la cual resulta ser tópico central en la jornada de mañana, ya que un cúmulo de personas, que se jactan de “patriotas”, quieren llevarse puesta la cabeza máxima del Poder judicial, técnicamente denominada “Corte Suprema de Justicia de la Nación”, por meros intereses políticos contrapuestos, corrompiendo brutalmente con un armonioso Estado de Derecho.
En 1748, un notable individuo, llamado Montesquieu, fue quien materializó la división de poderes antes aludida que, vale aclarar, ya había sido ideada por John Locke, según refiere la historia, con el propósito de lograr un equilibrio y una cooperación entre los distintos poderes y generando un sistema de “contrapesos”, manteniendo cada uno su más preciado carácter, el ser independiente. Tal teoría fue recogida con beneplácito por un abanico de países, donde se encuentra nada más ni menos que la República Argentina, la cual procuró regar e impregnar la misma en su Carta Magna, y que en las próximas horas puede ser tirada por la borda y pisoteada como consecuencia de los embates de una “banda” que poco conoce de tal humilde libro y que consiguientemente va por todo.
Si bien la marcha convocada para mañana, 1 de febrero, por el oficialismo nacional y allegados, no es objeto de crítica, puesto que todo ciudadano está en su derecho de salir a manifestarse, al estar ello legitimado constitucionalmente, lo que sí se cuestiona es el objeto perverso que posee la misma, el cual consiste en arremeter contra los jueces que componen el máximo tribunal de Justicia, alegando como fundamento su mal desempeño sólo por haber fallado conforme a derecho y no a pretensiones políticas impuestas por el poder de turno.
Está claro que a esta gente no le sirve una Justicia independiente, sino dependiente, que falle conforme lo que exige el Ejecutivo para lograr el fin que constituye una de sus bases, la impunidad ya que, cuando son inocentes, tenemos una Justicia ágil y eficaz pero, cuando son culpables, se trata meramente de “lawfare” que, a criterio personal, me parece un argumento trillado. ¿Por qué? Porque cuando a la Corte le ha tocado pronunciarse, lo ha hecho con resoluciones fundadas en derecho, manteniendo presente la doctrina de raigambre sobre derecho penal de acto, no de autor. Es decir, juzgan por el hecho no por la persona.
Para culminar, lo descripto me permite refutar, a criterio subjetivo, un refrán popular expresado en la jerga jurídica que infiere: “Cuando la vida entró por la puerta, el derecho se tiró por la ventana”. Ello está ocurriendo hoy por hoy, sólo que no es la vida la que en esta ocasión arribó por la puerta, sino la casta K.
*El autor es abogado
