La Argentina vive uno de los momentos de mayor tensión institucional de los últimos años. Un sector del oficialismo se encuentra en pleno acecho a la Justicia y en estos momentos es la Corte Suprema la que está en la mira de los dirigentes más radicalizados. Un pedido de juicio político al presidente del cuerpo y posteriores apreciaciones muy críticas sobre el funcionamiento general del mismo (son cinco los miembros) ensombrecieron aún más el grave panorama.
La intolerancia oficialista tomó más fuerza luego de que los jueces supremos aceptaran el per saltum planteado por los tres magistrados desplazados de sus cargos por el Senado, con mayoría kirchnerista. Son jueces que tienen a su cargo causas que involucran a la vicepresidenta de la Nación, y ex colaboradores y allegados, en causas de corrupción durante sus mandatos presidenciales anteriores.
Nada es casual. Hay antecedentes recientes de una estrategia que parece ser cada vez más evidente. En mayo de este año la Oficina Anticorrupción del Gobierno anunció su renuncia a la condición de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en las que están acusados Cristina de Kirchner y sus hijos. También en mayo, el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió ante la Justicia la nulidad de la causa en su contra, y de la ex Presidenta, por la firma del polémico memorando con Irán relacionado con el atentado a la AMIA. Claras sospechas de una avanzada del kirchnerismo para evitar investigaciones incómodas y comprometedoras aprovechando su retorno al poder por el voto popular.
La repercusión de los últimos hechos eleva la tensión. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, hizo pública su preocupación por el destrato y los cargos en su contra: “Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”.
La Constitución Nacional determina que la acusación por parte de la Cámara de Diputados debe aprobarse, como mínimo, con los dos tercios de los votos de sus miembros presentes a la hora de la votación. El oficialismo sabe bien que difícilmente pueda cumplir con esa disposición. No tiene mayoría absoluta en la Cámara baja y tampoco en el Senado. Esto permite suponer que las intenciones de quienes atacan a la Corte apunten a su eventual cansancio moral y posterior renuncia. Algo lamentable.
No se puede dejar de citar la repercusión internacional que ya adquiere el conflicto que el gobierno argentino ha creado contra la Justicia. En un editorial titulado “Los jueces no se tocan”, el diario “El País”, de Madrid, refleja lo que considera un “preocupante avance del Ejecutivo sobre la Justicia” y detalla los antecedentes que llevaron a estas acciones, referenciándose, obviamente, en las causas judiciales que involucran a la Vicepresidenta de la Nación.
Sea cual fuere la decisión que tome la Corte sobre el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, acción que, como señalamos antes, aumentó la furia del oficialismo, la gravedad institucional está presente y la amenaza de un conflicto de poderes de resultados imprevisibles pone en serio riesgo la necesaria convivencia dirigencial que necesita el país en estos difíciles momentos que le toca transitar.
