Más allá de su indudable apoyo a la gestión que encabeza el presidente Milei, se advierte en el gobernador Cornejo alguna inquietud por asegurar un clima de armonía entre los sectores que deben mover la producción local. Seguramente eso explica la reciente firma del llamado Acuerdo de Cooperación Social, que involucra al Gobierno con sindicatos y cámaras empresariales. El principal propósito, según lo que el propio Cornejo señaló el viernes, es buscar mecanismos de atracción de inversiones en la provincia en una tarea que combine lo oficial con lo privado.
La apuesta fundamental, no obstante, es a que se ordene la economía nacional. Prácticamente no hay otro camino para que esta iniciativa prospere, independientemente de que Mendoza pueda ofrecer características diferenciales a otros lugares del país en cuanto al funcionamiento del Estado y a la predisposición de empresas y gremios para garantizar un clima social armónico. Estos son los preceptos que marcó el Gobernador, pero es indudable que si el contexto nacional resulta esquivo, nuestra provincia no podrá garantizar milagros. El padecimiento es el mismo. Aquí la pobreza acecha como en la mayor parte del país y se vive con precios por las nubes y dinero insuficiente en el bolsillo, también como en la mayor parte del territorio nacional.
Mientras tanto, el Ejecutivo local debe salir a atender desórdenes que se generan a partir de la decisión de ajustar el gasto conforme los niveles de ingreso que se producen ante la actual crisis y para mantenerse en línea con lo acordado en el acuerdo rubricado en Tucumán.
En efecto, un asunto que genera controversia fuerte en estos momentos es el levantamiento del sistema de lucha antigranizo mediante el uso de aviones, que dispuso el Gobierno en base a ecuaciones costos-beneficios que no cierran. Al margen de la polémica, los números parecen darle la razón a la postura oficial.
Se trata de un problema recurrente. Habría que consultar a ex gobernadores y funcionarios del área productiva en general cuánto sufrieron cada verano en su paso por la función pública ante la amenaza de tormenta destructiva en algún punto sembrado de la provincia.
Pero en este caso el Gobierno, que se muestra convencido del paso que ha dado al dejar de lado el sistema, deberá resolver la crisis creciente antes de que comience el nuevo ciclo agrícola y las tormentas sean una nueva realidad. Daños graves sin una definición clara de lo que se hará desde el Gobierno pueden llegar a generar un gran dolor de cabeza en los despachos oficiales.
La reacción en San Rafael no es menor. La encabeza oficialmente el intendente justicialista Omar Félix. Los Félix (Omar alterna desde hace tiempo intendencias con su hermano Emir) no son dirigentes combativos. Representan a un peronismo más moderado, “a la mendocina” dicen algunos. Sin embargo, en este caso puntual el “cacique” se retiró de la mesa de diálogo que se había conformado y a la que el gobierno de Cornejo le apostaba.
Fue bastante enérgico en sus dichos el jefe departamental. “El Gobierno ha demostrado que esta mesa no tiene como fin buscar soluciones, sino trasladar responsabilidades. No nos vamos a prestar a ese juego perverso”, sentenció públicamente Félix luego de decidir renunciar al espacio de negociación propuesto oficialmente.
También hay en montaje una movilización de protesta prevista para el martes al mediodía. La promueve la Multisectorial del Sur. Será en San Rafael. Adhieren legisladores de la oposición. Pueden generar una protesta numerosa si se tiene en cuenta que los productores de General Alvear también están en alerta por el tema. El agro suma muchas adhesiones en ambos departamentos.
En realidad, el intendente sanrafaelino está incluido entre los dirigentes políticos que consideran que la lucha antigranizo mediante el uso de aviones tiene su utilidad, más allá de las falencias observadas. Quienes desde la política defienden el sistema reconocen que la vía aérea para combatir tormentas graniceras nunca fue de excelencia y que ha merecido muchas críticas a lo largo de los años de implementación, pero creen que nada es suficiente como para decidir eliminarla por parte del Estado. En cambio, consideran que habría margen para mejorarla. Según quienes lo defienden, el combate al granizo desde el aire le gana holgadamente la pulseada, en efectividad y costo, a la malla antigranizo y al seguro agrícola, en dicho orden.
Del lado del Gobierno, sin embargo, volvieron a insistir con la falta de efectividad probada a lo largo de los años de funcionamiento del sistema y aprovecharon la rebeldía del intendente Félix para apuntar contra él como supuesto inspirador de la movida reaccionaria que llega. No pueden tener la misma mirada con el alvearense Alejandro Molero, radical, que, no obstante, vería con gusto que la modalidad continuara con aportes del Estado y de los productores y empresarios en general.
Tal vez la mayor inquietud oficial haya surgido cuando se sumaron al reclamo intendentes radicales del Este, una zona importante desde el punto de vista agrícola. El jefe comunal de San Martín, Raúl Rufeil, se expresó como firme defensor de la producción y por lo tanto exigió que se sepa “la verdad objetiva, demostrable y con asidero científico” de por qué se cerrará el sistema por iniciativa del Gobierno. A Rufeil hay que sumarle la inquietud que también alcanza al juninense Mario Abed, nada menos. Y no está alejado del tema el rivadaviense Mansur y la justicialista santarrosina Destéfanis. Como se ve, importantes frentes de conflicto político por parte de jefes departamentales que se hacen eco de las quejas de los productores de sus terruños y que no tienen otra alternativa que ponerse al frente de los planteos.
De todos modos, es muy difícil que cambie la postura del Gobierno. Ya lo señaló el ministro de Producción en más de una oportunidad. Y reiteró en la semana su convencimiento de que es preferible asignar los recursos en forma directa a quienes sufran daños por el granizo como también se hace con los problemas de las heladas tardías. E insistió con el precepto de Cornejo de apuntar a la eficiencia del uso de los recursos del Estado provincial, en sintonía clara con los lineamientos que llegan de la Nación y que quedaron plasmados en el Pacto firmado el 9 de julio en Tucumán.
En lo que se refiere a la actividad minera, otro tema siempre controversial en Mendoza, el gobierno de Cornejo se ampara holgadamente en el respaldo para la implementación de medidas sobre la misma que provienen de la Nación. La minería está incluida entre los puntos que definieron el Pacto de Mayo y Cornejo puso su firma en él. Lo dice el punto por el cual las provincias se comprometen a avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
Quienes están en contra de la actividad y defienden la legislación vigente (ley 7.722) dan por descontado un acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias de la provincia (oficialismo y PJ) para respaldar legislativamente todo proyecto que vaya en línea con lo que se viabilizará a partir de la última actualización del Código de Procedimiento Minero de esta provincia.
El principal defensor de la 7.722, uno de sus creadores, el legislador Jorge Difonso, sostiene que la participación de Alfredo Cornejo y Hebe Casado en congresos internacionales mineros realizados a comienzos de este año en Canadá y Australia condujeron al gobierno local a promover las modificaciones legislativas pertinentes para darle cabida a la minería.
El legislador por San Carlos asegura que esa postura es evidente. “En el proyecto de presupuesto de este año el Ejecutivo estaba a favor del IDR y el IDC y de la lucha antigranizo. Pero todo cambió luego de lo tratado en Canadá y Australia. Se va hacia un abrupto cambio de la matriz productiva de la provincia”, dijo ayer en una entrevista periodística.
Desde el ala ambientalista de la política mendocina prometen defender la legislación vigente, insistiendo con aquello de que “controla, no prohíbe” la minería. De todos modos, se trata de una actividad con apoyo mayoritario en la dirigencia política en general. Y es uno de los grandes desafíos de la gestión de Cornejo: poner en marcha la minería bajo la órbita de la ley vigente y así sacar el cepo riguroso que impuso la gestión de Rodolfo Suárez, con el argumento de la falta de consenso social en determinadas áreas productivas y departamentos de Mendoza, luego del estrepitoso fracaso de inicio de su gestión al intentar dejar de lado la ley 7.722.
Los pasos del gobierno local serán en adelante cada vez más pensados y rigurosos a la vez. En el caso de Mendoza, Cornejo, como hemos señalado al comienzo de este artículo, se mantiene firme en su respaldo a la gestión presidencial de Javier Milei, más allá de que probablemente comparta el criterio de muchos políticos y economistas que sugieren que los resultados del plan son todavía una gran incógnita. Ante cualquier duda, preguntar al economista Spotorno y al empresario Karagozian.
