Por 1788, en EE.UU., Alexander Hamilton sostenía que la Justicia, al carecer del manejo de las armas y del tesoro era considerado como el más débil de los tres poderes, ante al Legislativo y sobre todo, frente el Ejecutivo.
Los formuladores de la teoría de división de poderes fueron el inglés John Locke y el francés Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu. Partieron de observar que garantías y libertades dependían de evitar la concentración de las funciones del Estado en uno sólo de sus órganos, generalmente en el Ejecutivo.
De esta aguda observación surgirá la idea de que los poderes deben ejercer entre sí control recíproco a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, sintetizada por el francés en que: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; yendo hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, el poder detenga al poder”.
En el “Sistema Republicano de Gobierno”, que pese al desconocimiento u olvido de muchos, es el adoptado por nuestra Constitución en su art. 1, donde la independencia del Poder Judicial, es uno de sus principios básicos. Independencia tanto frente a las presiones del Legislativo, del Ejecutivo, así como de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Tal independencia es la pieza clave del Estado de Derecho. Sin ella no hay posibilidad alguna de hablar de República.
En referencia a esta nueva embestida contra nuestra Corte Suprema, es de recordar que a comienzos de nuestra vida institucional, no pudo conformarse la misma por las complejas circunstancias políticas existentes en el país, sobre todo con Buenos Aires separada de la Confederación. Incorporada la Provincia de Buenos Aires al resto del país en 1860, se modifica el texto constitucional en relación a la Corte, dejándose librada a la ley su conformación, lo que materializará la Ley 27, de 1862, que estableció en cinco el número de Jueces a más del Procurador General.
A diferencia de aquella Corte de 1862, conformada por juristas no sumisos con el oficialismo mitrista, el camino seguido por el máximo Tribunal, constituyó una lucha constante, incluso entre gobiernos del mismo signo político, por asegurarse su control y someterla a los designios de la hora, a excepción de su integración de 1983, con juristas reputados y un diseño heterogéneo y plural.
A partir de 1947 y con el Juicio Político impulsado por el Gobierno Justicialista a la Corte de la época y la destitución de cuatro de sus miembros para posibilitar el posterior nombramiento de amigos, se precipitaría la crisis institucional del Poder Judicial, conocida como su coyuntura crítica (critical juncture); sin olvidar por supuesto los escarnios de las Cortes de Facto y la vergonzante “Mayoría Automática” de Menem en 1990, destruida luego por otro Justicialismo, ahora el de Néstor Kirchner en 2003, pese a la misma identidad partidaria de éste con el ex presidente riojano.
Si bien es cierto que el Poder Judicial ocupa destacados lugares en el debate político y en el escenario mediático, no lo es menos que mucho de eso acontece, sobre todo en nuestro país, por una inadmisible y constante injerencia del Poder Ejecutivo en el funcionamiento de ese Poder Judicial.
Los jueces argentinos a diario experimentan las presiones de los Ejecutivos, los que explícitamente, ya con declaraciones en la prensa o a través de pronunciamientos de Legisladores Oficialistas, con Proyectos Legislativos de dudosa constitucionalidad, lo coaccionan de modo permanente. Ni hablar de las amenazas o pedidos de Juicios Políticos, maniobras todas atentatorias del citado principio republicano de la independencia de la justicia. Todo en aras de someterlo a sus intereses, las más de las veces “non sanctos”, comportamientos habituales en presidencialismos exacerbados como el nuestro, con deriva ineludible en la autocracia.
Agreguemos que todo esto, con la soterrada o explícita intención de garantir la impunidad y la protección de intereses espúreos o ilícitos, de quienes desde la función pública o como beneficiarios de la misma, violentaron la normativa legal en su propio beneficio, tal como de hecho sucede con muchos de los organizadores de la reciente marcha.
Pocas cosas tan antirrepublicana como esta manifestación del 01/02, gestada y patrocinada por individuos más pródigos en prontuarios que en virtudes cívicas, muchos de ellos con condena ya firme y otros procesados, con enormes posibilidades también de recibir sus condenas.
No es sin embargo un hecho aislado en el oficialismo a nivel nacional, si recordamos dentro de esta escenografía de coacción y amenaza al proyecto de “Reforma Judicial”, las “Presiones a los Jueces y Fiscales Federales”, las “Declaraciones y el Libro del Presidente”, criticando a la Corte y Tribunales Inferiores, la intromisión mediática de Ministros, en especial el de Justicia, de legisladores y de los “amigos del poder” para concluir, sólo por ahora, con esta convocatoria veladamente avalada desde el mismo centro del poder, donde estos personeros del autoritarismo pretenden recrear un conflicto institucional, a partir de su concepción sectaria, que les hace ver en la República un sistema perimido y en la Constitución un obstáculo para sus designios.
En alguna ocasión sostuve que en un país que no aprende de sus errores, la opción del Poder Judicial sigue siendo ahora, tal como ayer: Independencia o Sumisión. Los ciudadanos esperamos que la Justicia obedezca, por encima de toda presión o amenaza, el mandato constitucional y republicano y se decida por la primera.
*El autor es abogado.
