El 5 de mayo se realizó la elección presidencial en Panamá. El ganador fue José Raúl Mulino, de la Alianza para Salvar Panamá, con 34,2% de los votos. Se trata de un político de centroderecha y partidario de la libre empresa. Responde al ex presidente Martinelli, enjuiciado por corrupción. El nuevo presidente manifiesta que gobernará en forma independiente de él. El país se encuentra en una situación difícil, con problemas ambientales, de explotación ilegal de recursos naturales y pérdida del grado de inversión en el campo financiero. El Canal en los últimos meses se ha mostrado vulnerable al cambio climático. Pero la llegada al poder de Mulino no es mal vista en Estados Unidos.
A menos de un mes de la elección presidencial mexicana, la ventaja a favor de la candidata oficialista se mantiene y extiende. Los candidatos que buscan suceder a Manuel López Obrador son Claudia Sheinbaum por el oficialista Morena; Bertha Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México; y Jorge Álvarez, del partido Movimiento Ciudadano. Los últimos sondeos anticipan una victoria por amplio margen de la candidata oficialista. De acuerdo con la consultora Mitofsky, Sheinbaum tiene una intención de voto de 51,4% contra el 26,7% de Gálvez y el 9,3% de Álvarez. La brecha a favor de la candidata de López Obrador se amplía todavía más en otros sondeos, como es el caso de De las Heras Demotecnia (67% de Sheinbaum contra 30% de Gálvez) y Parametría (49% contra 29%).
A pesar de esta ventaja, Morena no lograría mantener el control en tres estados: Guanajuato (donde ganaría el PAN), Jalisco (quedaría en manos del Movimiento Ciudadano de Álvarez) y Yucatán (que podría continuar en manos del PAN). El cuarto estado disputado es el de Morelos, donde la candidata de Morena (González) lidera en los sondeos por una ventaja de sólo tres puntos. Cabe señalar, no obstante, que sólo Jalisco pertenece a los cinco estados más importantes, aquellos que concentran el 38% del padrón electoral: Estado de México (13 millones de votantes), Ciudad de México (7,9 millones), Jalisco (6,6 millones), Veracruz (6 millones) y Puebla (4,9 millones).
En menos de dos meses tiene lugar la elección presidencial en Venezuela, donde el resultado parece estar sujeto al grado de transparencia en los comicios que pueda garantizar el gobierno de Nicolás Maduro. Las elecciones están convocadas para el 28 de julio.
La polémica más reciente gira en torno a las nuevas exigencias para los votantes venezolanos en el exterior, las cuales no están previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales que rige en el país. De estas limitaciones, la más importante es la que exige pasaporte vigente o en trámite y no cédula de identidad (vigente o vencida) como condición excluyente a la hora de votar desde el exterior. Como la tramitación de un pasaporte es costosa, se estima que un total de cuatro millones de venezolanos quedarán inhabilitados. En el caso de Argentina, uno de los países que más inmigración venezolana ha acogido en la región, con las nuevas limitaciones, de los ciento cincuenta mil potenciales votantes sólo podrían hacerlo dos mil doscientos.
De acuerdo con distintas organizaciones de derechos humanos que operan en el país, cerca del 25% del padrón electoral quedará excluido. Si se tiene en cuenta que la mayoría de los venezolanos exiliados lo ha hecho debido al agravamiento de las condiciones económicas y políticas impuestas por el régimen de Maduro, de mantenerse, la medida tenderá a favorecerlo.
A cinco meses de las elecciones municipales brasileñas y en el marco de las inundaciones, se anticipa una campaña dura y similar a la presidencial de 2022. En la próxima elección municipal del 6 de octubre (con posibilidad de segunda vuelta el 27 del mismo mes) se eligen alcaldes, vicealcaldes y concejales en cinco mil quinientos setenta municipios del país. Aunque la campaña electoral comienza formalmente el 16 de agosto, algunos hechos ya anticipan una contienda que estará marcada por la rivalidad entre el PT y los partidarios de Jair Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso una multa de cincuenta mil dólares a la coalición de Lula por fomentar “propaganda electoral negativa” contra el ex presidente durante la campaña presidencial de 2022. De acuerdo con el bolsonarismo, el contenido distribuido por la campaña del PT tildaba al ex presidente de “incompetente, mentiroso e inhumano”. La decisión del TSE ha reabierto viejas heridas y parece marcar el tono de la campaña que se avecina.
En esta línea, el 1° de mayo se celebró en San Pablo el primer evento en el marco del G20, que tendrá lugar formalmente el 18 y 19 de noviembre de este año. Se trató de la presentación de un informe sobre la “lucha contra la desinformación, el discurso del odio y las amenazas a la democracia” en Brasil, basado en un análisis de más de un millón de publicaciones en redes sociales de este país.
Mientras tanto, las fuertes lluvias continúan y ya han causado cincuenta y cinco muertos, setenta mil refugiados y disturbios en el estado de Rio Grande do Sul. De acuerdo con el Servicio Geológico Brasileño, las inundaciones en este estado superaron las registradas durante la histórica inundación de 1941 y en algunas ciudades supera cualquier valor desde que existen registros, hace casi ciento cincuenta años.
Habrá una renovación presidencial en México y una elección de medio mandato en Brasil, pero la gran cuestión en América Latina es si el chavismo aceptará o no un resultado electoral que probablemente le será adverso.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
