La llegada de la primera vacuna contra el coronavirus y su estrategia de distribución y administración anticipan una continuidad en la gestión para frenar la pandemia. Poco cambiará con el nuevo almanaque. Tal vez la diferencia entre el inicio de 2020 y el arranque de 2021 esté dada por la necesidad de planificar y presupuestar en base a lo que demande el combate al virus, algo que nadie podía prever en la anterior oportunidad y que, por lo tanto, trastocó muchos planes.
En el balance del primer año de gestión de Rodolfo Suárez debe reconocerse su rapidez para adaptarse a las necesidades que marcó la imposición de la cuarentena, en la que los gobernadores pasaron a ser ejes de la estructura montada desde la Nación. Su sintonía política con la Presidencia, desde el arranque de la emergencia, trascendió por tratarse de uno de los pocos mandatarios no pertenecientes al Frente de Todos conduciendo una provincia gravitante, tanto en lo económico como a nivel político.
Esa “buena letra” posiblemente lo haya beneficiado cuando él y su equipo de colaboradores decidieron proponer a la Nación una reapertura paulatina y razonable de las actividades provinciales, aprovechando cierta quietud que en materia de contagios benefició a Mendoza en los meses de la primera mitad de la cuarentena.
Los efectos de la inactividad excesiva en general en el país, muy especialmente en los grandes conglomerados urbanos y productivos, de algún modo luego le darían la razón a la mirada inicial de Suárez.
No obstante, a lo largo de los meses de “encierro” hubo algunas desinteligencias y encontronazos entre la Provincia y la Nación, tanto por los montos que debía girar la Presidencia para asistir a Mendoza ante la indudable caída de la capacidad de recaudación, como por los alcances de las medidas restrictivas. Suárez logró salir airoso porque cuando se produjo el fuerte crecimiento de casos de contagio en esta provincia el sistema de salud resistió, pese a encontrarse al límite durante muchas semanas, mientras la actividad económica y social se seguían moviendo en base a los protocolos correspondientes.
¿Y Portezuelo del Viento? Fue y es para el gobierno de Suárez una muestra de que la causa provincial a la que adhieren todos en la política local puede transformarse y cambiar de cara por influencias del poder nacional de turno. Es la realidad con la que se encontró el Gobernador en cada reunión convocada por la Nación para reflotar los eternos reclamos de La Pampa. Mendoza sigue contra viento y marea con la iniciativa, aunque lo importante es que el gobierno nacional siga cumpliendo con los compromisos periódicos derivados del acuerdo Kirchner-Cobos recién viabilizados por Macri.
A destiempo
En lo que no acertó mucho la actual administración es en el sentido de oportunidad para algunas iniciativas.
En el comienzo tuvo un rotundo fracaso con la modificación de la legislación minera provincial. Había sido una de las propuestas electorales del oficialismo por el convencimiento de Suárez de que esa actividad es una de las más capaces de generar los puestos genuinos de trabajo que tanto necesita la provincia. Sin el consenso social prometido y esperado (ocurrió todo lo contrario), el Ejecutivo debió en pocas horas derogar la modificación aprobada para calmar los ánimos de la gente. Responsabilidad compartida con la oposición, que inicialmente respaldó al Gobierno.
Tampoco llegó en el momento justo la ambiciosa reforma institucional (constitucional). En su discurso de asunción, ante la Asamblea Legislativa, Suárez dijo que para este tema “hay que crear las condiciones y los consensos indispensables”. Sin embargo, este proyecto, que fue ratificado por el Gobernador en su discurso del 1 de mayo, llegó luego al Legislativo en manos de su gran inspirador, el ministro Víctor Ibáñez. Pese a la expectativa oficial, no hubo mucha vocación “militante” desde las bancas del oficialismo y finalmente el Gobierno consideró mejor postergar el debate hasta 2021.
Un caso parecido fue el de la proyectada reforma de la ley de Educación, también diferida para el año entrante por la poca aceptación que tuvo en la comunidad educativa, las dudas de la oposición y la trama interna del gremio docente.
En cambio, sí tuvieron respaldo político y sectorial iniciativas lanzadas con el ritmo de la crisis coyuntural de la producción, como el plan Mendoza Activa, o que generan expectativas de cara al futuro, como la Ley de Economía del Conocimiento.
También está en marcha el ambicioso Consejo Económico, Ambiental y Social de la Provincia, una institución ideada por el equipo de Suárez para que la provincia tenga a través de los años, no sólo durante un mandato constitucional de gobierno, un ámbito de análisis y debate de propuestas para el desarrollo de la provincia. Aquí la oposición fue reticente en su apoyo, pero participará. Uno de los desafíos que tendrá por delante el nuevo organismo multisectorial es garantizar eficiencia en virtud de la abultada cantidad de miembros que lo integran, entre los que se encuentran ex gobernadores.
Cornejo siempre está
Desde que asumió, el gobierno de Suárez tuvo fuerte presión del justicialismo por la deuda provincial atribuida por ese sector de la oposición a la gestión previa de Cornejo. Básicamente, el kirchnerismo, ahora al frente de la conducción del PJ local, buscó tentar al Gobernador para que sincerara lo recibido de su antecesor, algo imposible de imaginar en virtud de la confianza que el jefe del Ejecutivo depositó para formar su equipo en fuertes espadas que tuvo Cornejo, como es el caso de Lisandro Nieri, el titular de Hacienda justamente. No en vano, Suárez asumió prometiendo “seguir el estilo de administración” impuesto por Cornejo.
Este sí fue un motivo de fuertes choques entre los dos sectores más poderosos de la escena partidaria provincial (Cambia Mendoza y el Frente de Todos), hasta que el acercamiento de las partes fue posible luego de diferencias hasta caprichosas que merecieron el repudio en muchos ámbitos, comenzando por el de los empresarios. Ese malestar desempolvó las cualidades dialoguistas en las partes y permitió la aprobación del Presupuesto 2021 con un buen nivel de endeudamiento que reclamaba el Gobierno.
Durante el año, más de una vez desde el Ejecutivo local señalaron que el rol de Cornejo es el de opositor al gobierno nacional desde su banca en el Congreso. Es la función que cumple, además, en su carácter de titular del radicalismo. Mientras tanto, al gobierno de Suárez le tocó armonizar con la Nación no sólo por la vocación dialoguista esgrimida desde su asunción, sino fundamentalmente por la emergencia sanitaria. Fueron claras cuestiones de razonabilidad política y necesidad financiera.
Por último, el involucramiento de la Policía en el asesinato de la jovencita Florencia Romano por la imprudente labor de una operadora del número 911 incomodó al Gobierno. La oposición sigue reclamando que comparezcan en la Legislatura el ministro de Seguridad y el jefe policial. El peronismo, que promete seguir insistiendo, pese a que sus voceros sostienen que no hay diálogo por parte del oficialismo, quiere hallar responsabilidades políticas en el condenable corte a la llamada del vecino que alertaba sobre lo que le estaba sucediendo a la menor. Mientras tanto, el Gobierno apostará a la investigación judicial y a la sanción que corresponda por la mala praxis policial.
La emergencia obligó a Suárez a reacomodar su gestión. La imagen reflejada en distintos sondeos lo respalda. El nuevo año es más previsible; por ahora viene con pandemia incluida.
