Un juez acusado de cobrar coimas para liberar a delincuentes. Su supuesta mano derecha y vínculo con el submundo del delito, asesinado. Media docenas de abogados implicados. Un soplón policial que “caza” clientes y un comisario que es parte de la red. Altas figuras de la Justicia rozadas. Un fiscal amenazado de muerte que transita cada día con chaleco antibalas y custodia policial. Todo rodeado por un trasfondo político que hace dudar de cada paso.
El guion se completa con una familia enriquecida, autos de lujo, casas en los barrios privados más caros y los destinos turísticos del mundo a los que ningún nuevo rico se resiste.
El caso Bento bien podría ser una serie de Netflix, pero no. Es real, ocurre en Mendoza y deja al descubierto los abusos y negocios que facilita un poder que se siente “intocable”. El juez federal procesado, que no está detenido gracias a los privilegios de su función, es la punta del iceberg.
El jueves se cumplirá un año de la imputación a Bento y los allanamientos, incluida su casa en el Barrio Palmares. Hoy hay 34 imputados, varios de ellos detenidos. Los seis casos que sostenían aquella primera acusación ahora ya son trece. Pero el juez federal Nº1 y a la vez juez electoral de Mendoza sigue en su cargo, pese a los procesamientos en su contra por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Desde su despacho tiene acceso a información clave de la Justicia Federal y detenta una enorme capacidad de influir. Precisamente, la posibilidad de ingresar al sistema informático es lo que le permitió postularse a la Cámara de Casación: por un olvido del Juzgado Federal de San Rafael, que lleva el caso, no fueron cargados sus procesamientos en el registro nacional de reincidencias. Y por eso pudo presentar el certificado exigido.
La jugada le salió mal: sólo logró que nuevamente la Corte Suprema de la Nación y los medios de todo el país posaran su mirada en él.
La suerte de Bento ha estado marcada en su declive por dos hechos que nunca pudo prever. El primero, un celular que cayó en manos de la Policía y disparó la investigación que lo tiene como principal objetivo. El otro, el fallo de la Corte que obligó a reformular el Consejo de la Magistratura que lo protegía con sus dilaciones.
El nuevo consejo, liderado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en su primera reunión, se ocupó del pretendido ascenso del juez federal mendocino y lo excluyó. No cabía otra medida: un procesado no puede participar de un concurso así.
La resolución fue por unanimidad, pero al pie no aparece la firma de su “hermano”, el juez Alberto Lugones, otrora hombre fuerte del Consejo.
En la previa, hubo un hecho que puede haber ayudado. Manuel Pizarro, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, envió una nota a Rosatti en la que asegura que la continuidad de Bento en su cargo complica el funcionamiento y la convivencia, además de profundizar el desprestigio de la institución.
La intervención del Consejo de la Magistratura continuará, se cree que más temprano que tarde. Pero antes debe reformular las comisiones con los nuevos miembros que ingresaron.
La mirada está puesta en el kirchnerismo, que hasta ahora ralentizó cuando no obstaculizó todas las decisiones respecto de Bento: la presidenta de la comisión de Disciplina, la senadora K Pilatti de Vergara, había pedido un peritaje contable de los bienes del acusado que puede demorar todo. Habrá que ver si la nueva gestión lo apura.
Si la comisión de Disciplina analiza el caso y considera que hay elementos para someterlo a un proceso, deberá elevarlo a la comisión de Jury e inmediatamente, por reglamento, Bento quedaría suspendido. Aquella idea oficialista de esperar a que haya condena judicial parece difícil de sostener.
Bento era “el poder” en los Tribunales Federales, pero también fuera de él: en 12 meses, la política casi no se ha pronunciado sobre su caso. Mucho tuvo que ver seguramente que el pasado fue un año electoral y el juez procesado tenía en sus manos decisiones clave para ambos lados de la grieta, desde la candidatura a senador del gobernador Suárez a la colectoras del PJ. El miedo no es zonzo.
En el oficialismo recuerdan alguna declaración de Alfredo Cornejo remarcando que no podía continuar al frente del Juzgado y alguna otra de Julio Cobos pidiendo que la Magistratura resolviera rápidamente.
Pero nadie hincó los dientes en un juez que adjudican al kirchnerismo no sólo porque lo nombró Néstor Kirchner por recomendación del fallecido Juan Carlos “Chueco” Mazzón.
Del lado del peronismo local, obviamente, hubo silencio total. Como también callaron encumbrados hombres del empresariado provincial, temerosos de que sus nombres aparecieran por algún viejo trato con el juez.
“Ahora Bento va a tirar mierda para todos lados”, predijo uno de esos dirigentes que prefiere no hablar en voz muy alta del magistrado.
Así, a la política se la devora la bestia que creó. La Justicia está conformada por muchos nombres afines a los gobiernos que los designan y algunos, una vez que prueban el sabor del poder, cobran vida propia. Incluso, se vuelven contra la mano que los alimentó.
Negocios de familia
Para los investigadores del caso, el juez es el jefe de la asociación ilícita. Los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego son los “organizadores”: se encargaban de coordinar el trabajo de los otros abogados participantes (Ríos, Aramayo, Angeletti y Álvarez) que oficiaban como defensores de los beneficiados. El combo era completo.
También hay un comisario, José Moschetti, que presuntamente aportaba protección policial y trabajaba en sintonía con los dos informantes que según la Justicia son parte fundamental de la red, el narcotraficante Walter Bardinella Donoso y el asesinado Diego Aliaga, que conocía de cerca el mundo del contrabando. De hecho, su relación con Bento, se cree, empezó a partir de una causa en 2008.
Aliaga, según determinó la investigación, era el nexo entre Bento, a quien tenía agendado en su celular como “Primo”, y el resto de la red. Su asesinato, a manos de un socio (Diego Barrera) en otros negocios non sanctos, terminó develando la operación.
La banda, según la información comprobada por la fiscalía que comanda Dante Vega y el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo de Eduardo Puigdéngolas, se dedicaba a cobrar coimas a contrabandistas, narcos y falsificadores. El pago era en dólares o en especies, como autos. Y el monto variaba si se pagaba antes o después de iniciada la causa penal.
La acusación de lavado de activos comprende a la esposa del juez, Marta Boiza, y los hijos, Nahuel (30) y Luciano (27). Los tres, además de la imputación, tienen algo en común: son parte de la “familia judicial”. Entre los padres y los retoños suman más de 2 millones de pesos al mes. Dinero más que suficiente para cualquiera que no haga de la ambición su guía.
Cuando se oficializó la imputación, a los Bento les detectaron nueve propiedades y cuatro vehículos. Posiblemente avisado de lo que se venía, ya habían vendido dos inmuebles. Mucho antes, el mismo día que el mayor cumplió 21 años, el 27 de diciembre de 2012, les habían transferido a cada uno de sus hijos un departamento en los edificios de Palmares. Un año después, justo antes de Navidad, el 20 de diciembre de 2013, los “chicos” adquirieron un Audi cada uno, que luego fueron renovando.
Los hijos de Bento también han incursionado en el terreno inmobiliario, a través de fideicomisos. Entre ambos tienen siete locales en el polo gastronómico Il Mercato, que suma en total una treintena de espacios. Además, cada uno compró un dúplex en el complejo residencial que está enfrente. Y el menor es dueño de otro departamento junto a Palmares
Pero la gran pasión familiar es viajar. El juez acumula más de 1.000 días, o sea tres años, fuera del país desde 2007. Y eso que en 2020 por la pandemia no pudo salir y desde hace un año se lo impide la Justicia.
Hay algunos puntos que hasta ahora no ha podido explicar y que los investigadores creen que la información que esperan de EEUU aclarará. El primero es cómo hace para viajar sin gastar. No hay compra de pasajes ni pagos de estadías declarados. Por eso quieren saber si tiene una cuenta bancaria en aquel país, con sus respectivas tarjetas.
Tampoco es muy claro por qué, desde 2012, siempre se hospeda en el mismo departamento frente al mar cuando va a Miami, su destino turístico favorito. Es un complejo en la cotizada avenida Collins, el Oceanía, donde dicen que tienen departamentos algunos miembros del círculo rojo mendocino. La respuesta al exhorto enviado aclarará si Bento es también uno de los felices propietarios de ese condominio de lujo.
