Finalmente, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto destinado a permitir la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y poder ampliar el espectro para el plan de vacunación en el país. La supresión de la palabra negligencia en la denominada ley de vacunas permitirá destrabar las conversaciones para la adquisición de inoculantes a laboratorios privados, algo que venía siendo reclamado por gran parte de la sociedad ante las demoras en la llegada de las dosis de distinta procedencia con la que se cubrió la vacunación hasta ahora. Esto generó un sensible atraso en el plan de vacunación general del país.
El nuevo decreto podría poner punto final a diferencias continuas con los sectores de la oposición, que insistentemente reclamaron que el Ejecutivo Nacional allanara el camino para un entendimiento con respecto a la llegada de vacunas. No deja de ser lamentable, sin embargo, que la firma del mencionado decreto se produzca solo horas después de que el propio oficialismo se negase en la Cámara de Diputados a responder a un pedido de la oposición para borrar de la ley la palabra conflictiva. Con buena voluntad de las partes, el trámite legislativo no hubiese demorado mucho más tiempo que la firma y difusión de un decreto.
Desde este mismo espacio en su momento opinamos que las causas del diferendo puntual registrado con el laboratorio Pfizer debían ser conocidas por la población, porque no se podía aceptar que firmas prestigiosas internacionalmente, y que se encontraban proveyendo de forma normal a gran parte del mundo para combatir el coronavirus, tuviesen en la Argentina algún tipo de impedimento para comercializar su producción.
Es de esperar que este trámite cumplido por el Gobierno allane los caminos de entendimiento que la sociedad argentina le está reclamando a su clase política desde hace tiempos sobre muchos aspectos de la vida cotidiana. Este, de la vacunación en tiempos de pandemia, es uno de ellos y no de menor importancia.
El de la inmunización de la población, en general, y de sectores de riesgo en particular, como el de los menores de edad con enfermedades prevalentes, que motivó la última discusión política, una problemática en la que la discusión política debería quedar siempre de lado.
Es un accionar que necesita espontaneidad y unidad de criterio, porque sólo es en beneficio de la gente. Una población mal vacunada contra un virus letal como el que nos sigue acechando se ve condicionada en todos sus campos de acción.
Es de desear, también, que este camino que se abre con el allanamiento a la llegada de vacunas de eficiencia altamente probada se allane, además, a otros asuntos y problemáticas vinculados con la pandemia y que también influyen en el diario andar de los argentinos en general. Esto, claro está, siempre que se cumpla con las normas vigentes y no se dejen de lado aspectos que hacen a la institucionalidad y a la seguridad jurídica de la población.
De una vez por todas, los argentinos nos merecemos que el Estado, en todos sus alcances (nacional, provincial y municipal), sea una solución y un aporte para los derechos del ciudadano. Por el contrario, nuestro país no puede seguir figurando de cara al mundo como un claro ejemplo de lo que no se puede llegar a ser sólo por la ineficiencia.
Contribuir a que la Argentina se le quite el rótulo de ineficiente es la gran responsabilidad de la dirigencia, empezando por los que hoy están a cargo de la conducción.
