Enero es lo que se esperaba: un mes intenso para la política luego de un 2020 dominado por una pandemia que no da tregua y que promete mantener su acechanza mucho tiempo más. Ese panorama llevó a Suárez a pedirle a su equipo de colaboradores, ni bien arrancó el año, no tomar vacaciones, por lo menos por ahora, para no perder el ritmo de gestión.
Lo del gobernador mendocino no es exclusivo, obviamente: otras provincias y la Nación mantienen a pleno la actividad. Es lo lógico, lo que corresponde. Febrero, con el regreso de la labor legislativa, pondrá en actividad a la oposición.
En el Gobierno mendocino se preparan para gestionar en otro año de pandemia, con algún repunte del nivel de contagios de Covid-19 en algún momento, y con una economía que seguirá sintiendo los efectos de la crisis. La respuesta del sistema sanitario les garantiza tranquilidad a las autoridades y con respecto al comercio, la industria y la producción, cada vez más los funcionarios veneran la decisión de haber procedido a la reapertura paulatina de actividades a partir de junio de 2020. Se suma a las previsiones el tiempo electoral, en el que esperan una fuerte estrategia de la oposición justicialista para buscar instalar el concepto de que, más allá del manejo de la emergencia sanitaria, la gestión de Suárez tiene poco para mostrar.
La visita del ministro de Educación del país, Nicolás Trotta, dejó satisfechos a los integrantes del gobierno local. El funcionario nacional recorre las provincias para garantizar que las clases van a comenzar. Cada gobernador dispone cómo y cuándo, pero el respaldo de la Nación es necesario. Las críticas por la carencia de presencialidad el año pasado obligaron al gobierno de Fernández a verificar desde la Nación que las provincias se comprometan a asegurar la mayor actividad posible este año.
A su llegada a Mendoza, Trotta comprobó que el Gobernador ya había dispuesto el inicio de clases para el 1 de marzo, “con otras modalidades y con la mayor presencialidad posible”. Y se notificó de los protocoles correspondientes para que las actividades sean lo más completas posible. Córdoba plantea un esquema bastante similar. Por eso el siempre desafiante Cornejo le propuso al itinerante Trotta que tomara como ejemplos de organización del ciclo lectivo a nuestra provincia y a la liderada por Schiaretti.
En Casa de Gobierno están muy conformes con el cierre paritario acordado con la mayor parte de los gremios, a pesar de que el conflicto con el estratégico SUTE se mantiene y sus dirigentes amenazan con no iniciar las clases. En el gobierno piensan que el gremio docente debe resolver sus diferencias internas.
A Suárez se le presenta un panorama similar al de Rodríguez Larreta, al que los gremios porteños del sector docente resisten la decisión de iniciar las clases el 17 de febrero. Hay un dato que puede dar lugar a suspicacias: Suárez y Rodríguez Larreta son, en la práctica, los dos mayores referentes de la oposición nacional a cargo de provincias. Los dos restantes, Morales y Valdés, están mucho más amigables con la Casa Rosada.
¿En qué escenario participar?
También en la semana el diputado nacional Omar De Marchi organizó un encuentro vía zoom en el que participaron, entre otros dirigentes del Pro, el ex presidente Macri, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En ese cónclave virtual, el mendocino mucho enfatizó en la necesidad de fortalecer al partido que integran para consolidar una oposición uniforme con el resto de los que conforman Juntos por el Cambio. Y se refirió, en ese marco, a la campaña de afiliación que puso en marcha en su condición de presidente del Pro en la provincia.
Entre sus allegados comentan que De Marchi viene obteniendo una proyección nacional muy interesante, puesto que ha sido trascendente su labor legislativa el año pasado. Su apoyo incondicional a Macri le permitió obtener una de las vicepresidencias de la Cámara de Diputados, pero también muchos opinan en el Pro que pueda llegar a aportar a la unidad interna de cara a las cruciales elecciones legislativas de este año.
De Marchi no descarta esa apuesta al escenario nacional, aunque íntimamente no baja los brazos en sus aspiraciones a la gobernación de Mendoza. Se le presenta, por qué no, un escenario bastante parecido al de Cornejo. Ambos tienen mandato como diputados nacionales hasta 2023, con lo que no necesitan presentarse este año por algún cargo electivo. Sin embargo, en el radicalismo ven al ex gobernador como el que puede ponerse la campaña al hombro para asegurar un buen triunfo en esta provincia y apuestan a su candidatura a senador nacional. Lo mismo pasa con el jefe local del Pro: lo incentivan para liderar una opción liberal y de derecha también desde una candidatura para ser senador. A Cornejo lo respalda mayoritariamente un partido que tiene suficiente caudal de votos en Mendoza en estos tiempos; De Marchi, en cambio, necesitaría del aporte de distintos sectores que comulguen con su orientación ideológica y su pertenencia partidaria. Los meses venideros serán definitorios.
Y si de mendocinos en el Congreso se trata, José Luis Ramón sale al cruce de la fuerte campaña en su contra a través de las redes sociales negando su pertenencia al kirchnerismo, luego de haber acompañado en 2020 las iniciativas más ambiciosas del Gobierno. El referente de Protectora suele explicar que, como legislador, no negocia con el oficialismo ninguna otra cosa que no sean políticas. El tiempo dirá. Sigue abierta la posibilidad de un acuerdo electoral con el PJ mendocino para las listas nacionales de este año. Su mandato como diputado termina, pero también el de Omar Félix.
Una vez más Ramón puede llegar a ser fundamental en el quórum de la Cámara baja para el abordaje del proyecto para la suspensión de las PASO de este año. Alberto Fernández acaba de pedir al oficialismo el debate, hasta ahora demorado, de un proyecto de ley de un diputado tucumano del Frente de Todos que va en sintonía con lo que reclaman los “caciques” norteños del PJ junto a los radicales Morales y Valdés: que la plata destinada a costear las primarias se distribuya entre las provincias para hacer frente a la crisis que arrastran tras el efecto de la cuarentena. Claro, se entiende que si no hay PASO el reparto será para las 24 jurisdicciones, estén en crisis como los pedigüeños del Norte, o no tanto.
Mientras tanto, en la provincia todavía no hay mayores rumores o trascendidos sobre el calendario electoral. La conveniencia o no de unificar lo provincial con la cita nacional seguramente formará parte del debate interno que se dé en el radicalismo desde el próximo mes, o en marzo, cuando se supone que Cornejo definirá si será o no candidato a senador.
Con relación a la pretendida suspensión de las primarias nacionales, hay que esperar que Juntos por el Cambio se oponga formalmente a esa intención del oficialismo. ¿Qué opinan al respecto en el gobierno de Suárez? Poco, porque no es un tema en el cual se sientan comprometidos, aunque reconocen (ya lo han expresado varios funcionarios antes) que las PASO tienen sentido solamente cuando hay más de una lista por sector. Sin embargo, critican esta apurada iniciativa del gobierno nacional que pretende cambiar las reglas de juego electorales justamente en un año en el que se va a votar.
Para la aprobación de toda modificación al régimen electoral, la Constitución Nacional exige el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Es decir, la mitad más uno de los integrantes de un cuerpo, estén o no presentes en el momento de la votación. Esto explica por qué, nuevamente, el interbloque que lidera Ramón y otros sectores minoritarios van a ser claves para la definición del pedido del Presidente y de los “caciques” norteños.
Volviendo a la escena local, hay que tener presente que febrero, con el regreso de la labor legislativa, pondrá en actividad a la oposición. Una buena oportunidad para ver qué sector toma la iniciativa de debate.
