La protesta de la oposición mexicana contra la reforma del control electoral de Manuel López Obrador se intensifica. En concreto, el presidente mexicano intenta retornar al llamado “dedazo”, el sistema de decisión político-electoral por el cual el primer magistrado -cuyo mandato en México dura seis años y no tiene reelección de por vida- imponía su sucesor dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó con este sistema durante más de medio siglo, hasta el advenimiento del siglo XXI. La firma del NAFTA (el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, Canadá y México) forzó la apertura de este sistema. La oposición de centroderecha ganó así su primera elección y volvió a hacerlo en el periodo subsiguiente, tras lo cual el PRI retornó al poder para ser elegido después el actual presidente por una fuerza populista escindida del tronco del PRI.
El instrumento de la apertura fue el Instituto Nacional Electoral (INE), que viene supervisando desde hace dos décadas el funcionamiento del sistema electoral, sacándolo del control por parte del gobierno de turno. Andrés López Obrador logró que el Congreso apruebe una reforma que quita fondos y autonomía al INE. Hasta el momento, el presidente ha hecho saber su apoyo a la alcaldesa oficialista de la capital, Claudia Sheinbaum, quien se encuentra bien posicionada en los sondeos. La oposición, debilitada y dividida, parece haber encontrado en el cuestionamiento y la movilización contra la política de López Obrador para terminar con la autonomía del INE, un punto de unión. En Estados Unidos, en las filas del partido demócrata se han planteado críticas a esta iniciativa del presidente mexicano, pero él ha contestado que en México hay más democracia que en su vecino del norte.
Al mismo tiempo, la posición de México frente a la guerra de Ucrania al cumplirse un año de la invasión rusa, refleja la de la región en su conjunto: condena a Rusia por su decisión militar, pero no se suma a las sanciones económicas. Es la posición que mantienen desde hace un año los países más importantes de América Latina que lideran a los restantes. El 23 de febrero se votó una resolución en la ONU presentada por 75 países para condenar a Rusia por la invasión y exigir el retiro de sus tropas de Ucrania. La resolución tuvo 141 votos a favor, 32 abstenciones y sólo 7 votos en contra. Entre éstos sólo estuvo Nicaragua de América Latina y entre quienes se abstuvieron, nada más que Bolivia, Cuba y El Salvador (Venezuela no votó por no pagar las cuotas de la organización). México, Brasil, Argentina y Colombia votaron a favor de la moción, al igual que el resto de los países de la región. En realidad, es lo mismo que sucedió un año atrás, cuando el 12 de marzo de 2022 se condenó a Rusia por la invasión y el 24 del mismo mes y año se exigió a Moscú que retire las tropas de Ucrania. En ambos casos, el apoyo a la moción tuvo 140 y 141 votos positivos respectivamente, y los votos de América Latina y el Caribe parecen casi calcados. Visto en esta perspectiva, nada parece haber cambiado.
Pero Ucrania y sus aliados muestran una presión creciente para volcar la neutralidad de Latinoamérica por una actitud de mayor proximidad. Es que los esfuerzos para lograr que países de la región den alguna señal de apoyo militar a la causa ucraniana han fracasado. El presidente Zelensky, a fines de febrero, planteó su intención de mejorar sus relaciones con América Latina, y en particular de entrevistarse con Lula. López Obrador sintetiza su posición en ofrecer su participación en una mediación para la paz, pero negarse -como lo hace también Lula- a enviar armamentos para continuar la guerra.
La crisis peruana sigue mostrando dos enfoques diferentes por parte de México y de Brasil. Se inició el 7 de diciembre con el autogolpe del presidente Pedro Castillo, que cerró el Congreso, intervino la Justicia y convocó a una constituyente, frente a lo cual fue destituido y detenido. Castillo tenía muy baja popularidad y sólo lo apoyaba uno de cada cuatro peruanos. Pero sus partidarios, mayoritarios en las regiones más pobres, llevaron adelante una serie de protestas contra su destitución, las que fueron reprimidas por la fuerza pública, con incidentes en los cuales murieron 60 personas. La presidenta Dina Boluarte -que era su vicepresidenta- intentó adelantar las elecciones como lo pedía la protesta callejera, pero el Congreso no se lo permitió. La tensión parece haber bajado en el marco de una frágil estabilidad. López Obrador, desde el inicio del conflicto, defendió la permanencia de Castillo, condenando su destitución y exigiendo su liberación (sigue detenido y ha sumado procesos por corrupción).
En conclusión, México intenta jugar un rol global más importante que en el pasado, como lo demuestra su actitud frente a Ucrania. También asume una actitud regional más protagónica y desafía con su reforma del control electoral a la Administración estadounidense.
*El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
