La decisión del Gobierno nacional, de reasignar partidas desde CABA a la Provincia de Buenos Aires, generó expresiones de repudio a la medida y gestos de solidaridad con el Jefe de Gobierno Porteño de un sector puntual de la política mendocina.
Un reciente análisis técnico de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior menciona que, en 2015, CABA tenía un índice de coparticipación del 1,40%, pegando un salto a 3,75% en 2016, manteniéndose en un 3,50% a partir de 2018. Esta mejora le reportó en cuatro años ingresos adicionales por $ 85.000 millones, más del doble de la deuda de Mendoza en dólares que claramente no podemos pagar. Además, el Estado nacional llevó adelante, en el distrito porteño, obras públicas por $ 21.000 millones adicionales durante la Presidencia de Macri.
Según un estudio del Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), las transferencias automáticas a provincias comparando 2015 con 2019, bajaron en 22 de 24 distritos. Sólo CABA y la Provincia de Buenos Aires (fundamentalmente mediante los Pactos Fiscales 1 y 2) lograron aumentar sus ingresos provenientes del Gobierno nacional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ese incremento fue del 171% y la provincia de Buenos Aires, algo más modesto, del 22%. En el mismo período estudiado, la Provincia de Mendoza bajó sus ingresos provenientes de la Nación un 9,1%.
Los pactos fiscales antes mencionados, además de redirigir fondos nacionales de 22 distritos (incluido Mendoza obviamente) a CABA y provincia de Buenos Aires, exigían que las provincias redujeran sus ingresos mediante la baja de alícuotas de Ingresos Brutos generando un estrés financiero en la enorme mayoría de los distritos. La decisión de aceptar la reducción de ingresos nacionales y provinciales conducía inequívocamente a un ajuste en las provincias, ya que debían hacerse cargo de mayores gastos con menores recursos.
Dos casos puntuales. El Fondo Compensador de Transporte en Mendoza pasó (según presupuestos aprobados) de $ 736 millones en 2018 a $ 4.000 millones en 2019, ya sin la asistencia de la Nación. Hay que tener en cuenta que en el mismo período 2015-2019 CABA y la Provincia de Buenos Aires mantuvieron gran parte de los subsidios a las tarifas de luz, gas, agua y transporte público, mientras al resto del país se le aplicaron aumentos extraordinarios en esos mismos servicios, dejando a la mayoría de las provincias sin estos importantes ingresos indirectos.
Asimismo, en agosto de este año, la provincia de Mendoza decidió demandar a la Nación por la suspensión, mediante DNU 756/2018 del presidente Macri, del Fondo Soja. Según el gobernador Suárez la pérdida de ingresos sería de $ 5.402 millones más intereses. Si hoy se sostiene que esa decisión fue perjudicial para Mendoza, también lo era en 2018 y no se inició la demanda.
Es discutible que los números tengan ideología. Ahora bien, solidarizarnos con quienes claramente nos quitaron recursos para favorecer a CABA, no.
