El planteo de reformas electorales con la finalidad de contribuir a la consolidación democrática merece un debate responsable de quienes nos representan, para que su implementación tenga un impacto positivo en el sistema electoral y no produzca efectos que dificulten tanto el funcionamiento del sistema político y de partidos como la propia gobernabilidad.
En la región hemos asistido a diversos procesos de reformas. Incluso la reforma de 2009 en Argentina ha sido el resultado de intercambios y diálogo entre partidos, sociedad civil e instituciones electorales.
Debatir una reforma electoral basada únicamente en el instrumento de votación conlleva un análisis del contexto en el cual debe implementarse. Pensar en realizar una reforma por primera vez en una elección presidencial en contextos polarizados como el que vivimos hoy en la región y el mundo parece traer más riegos que soluciones.
Al mismo tiempo, cualquier cambio en la normativa debe ser analizado y discutido basándonos en evidencia. El debate en torno a la boleta única parece problematizar un fenómeno que carece de datos. Hay cuatro consignas que escuchamos: que daría transparencia al sistema y evitaría el fraude, que el elector llega al cuarto oscuro y no puede elegir a quien quiere votar por la falta de boletas, que beneficiaría a los partidos políticos pequeños porque no se requiere logística de fiscalización y que sería más económica.
Todas estas presunciones no solo no tienen evidencia sino que son negadas por la realidad.
En primer lugar, no hay denuncias de fraude desde el retorno de la democracia y el sistema ha garantizado la alternancia partidaria. Aún en procesos muy polarizados, como cuando en 2015 Mauricio Macri ganó el balotaje por un 2,6%, nadie cuestionó el proceso electoral. Situaciones como ésta llevaron al abismo a muchos países de la región y del mundo, lo que demuestra el nivel de civismo y respeto a las instituciones del pueblo argentino, así como la responsabilidad de los actores del sistema político.
Sobre la falta de boletas, no solo son los partidos quienes suministran las boletas sino que el órgano electoral tiene en su poder boletas de contingencia, por lo que si la intención es simplemente evitar el robo de boletas -algo jamás documentado- se debería solicitar a la Cámara Nacional Electoral que destine mayores fondos a la impresión de boletas de contingencia, antes que motivar una reforma electoral.
Con respecto a la fiscalización, creo fervientemente que nuestra democracia se basa en un sistema de partidos sólidos y la fiscalización cruzada es su principal garantía. Democracias consolidadas como las de Uruguay, Finlandia y Suecia utilizan instrumentos de votación similares al nuestro.
Si bien en la mayoría de los países de nuestra región se usa boleta única, no se suspende la fiscalización partidaria; por el contrario, se incrementa su relevancia en el momento del escrutinio
Además, la anulación del voto puede ser moneda corriente. Cualquier marca fuera de lugar puede ser discutida entre los fiscales presentes, mientras que con el modelo vigente, y ante los votos recurridos, siempre la Justicia Electoral ha dado prioridad a la voluntad del elector de escoger la boleta de una fuerza política.
Hablemos de los efectos adversos. La fragmentación del sistema de partidos es algo que no solo debería preocuparnos sino ocuparnos. En las últimas elecciones en Perú hubo 24 candidatos a presidente, en Costa Rica 25 y en Ecuador 16. Esta fragmentación ha dejado a los actuales presidentes en minoría en sus asambleas y puso a las gobernanzas en riesgo. La boleta única presenta serios riesgos en este sentido y esta preocupación debe ser prioritaria en cualquier debate serio en pos del mejoramiento de nuestra democracia.
¿La boleta única es más barata? Esto no podría asegurarse a priori. Los costos siempre se miden en función de la urgencia, la oferta y la demanda. El diseño puede generar un sinnúmero de impugnaciones que pueden complicar el cronograma electoral y demorar su impresión. Además, el tamaño de la boleta en una instancia de primarias puede tener tales dimensiones que hagan que sus especificaciones encarezcan la impresión.
A todo esto, hay que sumarle la capacitación electoral, lo que podría resultar en el aumento del voto nulo o blanco en una primera elección, tal como ocurrió en Córdoba la primera vez que usó la boleta única.
Lamentablemente no contamos con evidencia que muestre las virtudes de la boleta única como para poner en riesgo un sistema electoral legitimado. Previo a promover cambios de esta envergadura, sería bueno que aquellos distritos que ya legislaron sobre el instrumento de votación, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 4.894), pongan en funcionamiento esa normativa en el marco local para poder contar con datos a la hora de dar debates como este y avanzar en la capacitación ciudadana.
*La autora es Directora del COPPPAL (Observatorio de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe) y miembro del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina.
