El Gobierno Nacional cerró de forma inconsulta e intempestiva la exportación de carne por 30 días. La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) ya había advertido hace días que el Gobierno había dejado de publicar los datos de faena mensuales. Todo hace suponer que quiere ocultar un dato drástico: en abril el consumo per cápita de carne fue el más bajo en 100 años.
Cuando se oculta información se vuelve más difícil tomar decisiones clave. Un ganadero necesita esos datos para prever si destina una ternera para cría o para faena y los resultados tardarán años en llegar. La previsibilidad es fundamental para el desarrollo agropecuario y en la Argentina, se está volviendo imposible
Las decisiones repentinas del Gobierno no hacen más que empeorar el escenario. Según CICCRA, “contrariamente a lo que se viene planteando públicamente, 90% de la caída estuvo explicada por la retracción del nivel de faena y producción”. Es decir, el mercado ganadero se está achicando peligrosamente y tardará años en recuperarse.
Advertía Salaverri, Presidente de CARBAP, que el 75% de la carne que producimos se consume en el país. Del 25% que se exporta, el 70% son cortes que los argentinos no consumen. La conclusión es lógica: el cierre de exportaciones no va a bajar el precio interno. Al contrario, a mediano y largo plazo, la destrucción de la cadena cárnica va a hacer que los precios suban aún más. La receta ya fracasó antes y va a volver a fracasar. Salaverri se preguntaba absorto, como todos: ¿No hay nadie que piense en este Gobierno?
También la industria láctea está en crisis. Los tamberos no tienen participación en el valor final de la leche, y la competitividad cayó en picada. Este año el control de precios máximos y “cuidados”, el pago de retenciones y los precios internacionales de la soja y el maíz los forzó a trabajar a pérdida y no van a llegar a cubrir los costos de producción.
Podría pensarse que los productores sojeros sí tienen suerte. Los valores internacionales superan los 600 dólares por tonelada, un pico récord en 9 años. Pero no: por cada tonelada que vende un productor, puede obtener apenas cerca de 220 dólares. El que se queda con la mayor parte de los beneficios de la suba de los precios internacionales es el Estado, por las retenciones, los impuestos y la compensación del atraso cambiario. La ganancia para el productor es marginal (cerca del 36%), sin considerar los costos de logística y transporte.
Para peor, no es la misma distancia la que hay entre Buenos Aires o Rosario y los puertos, que la de Formosa o Salta; quien tuvo sequías y quien tuvo buenas lluvias ni quien alquila o es dueño de la tierra. En el campo no se siente el furor de Chicago ni el alivio llega a los pueblos de campo.
Los beneficios de la soja van directamente a las arcas del Gobierno, el cual hace malabares para contener la inflación y la crisis social, al menos hasta las elecciones
Muchos productores que se financiaban con cooperativas ya no tienen cómo pagar los insumos y deudas de la cosecha pasada y menos, cómo financiar la próxima. Hay una realidad más triste aún: muchos se consideran la última generación de productores agropecuarios. Sus hijos eligen otras profesiones para no sufrir la frustración de sus padres.
Lo cierto es que el Gobierno va absorbiendo una a una las oportunidades de crecimiento del sector productivo. Y por lo tanto, lo está achicando, contrayendo, destruyendo. Intenta mantener la ficción de un Estado de bienestar que está dejando de existir. Y lo sigue atacando con signos cada vez más claros: las restricciones seguirán en aumento. Lo aseguró a finales de abril la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, a quien no le “va a temblar el pulso para tomar las medidas que hagan falta para cuidar los precios”. A principios de mayo el Presidente se volvió a quejar. Días después, Español publicó una disposición de Agricultura que anticipaba más controles. Y el martes 18 de mayo se hicieron realidad.
El desconcierto es mayor para los productores cuanto más son las contradicciones entre el equipo del Presidente -de gira tratando de que la Argentina no caiga en default antes de las elecciones- y el de la Vicepresidente, que abre fuego interno durante su ausencia.
Las últimas jugadas de Cristina en el Senado y en el mismo Ministerio de Economía sólo muestran que el kirchnerismo busca distanciarse de las impopulares medidas de Gobierno que puedan restarle votos en el Conurbano antes de las elecciones. Como siempre, sus movidas son en mayor parte una ficción: buscan frenar la suba de los servicios públicos hasta las elecciones. El mismo Máximo acaba de presentar un proyecto para bajar las facturas de gas en un centenar de localidades en las cuales tendrán seguramente algún rédito electoral. Pero no nos engañemos: el tarifazo va a llegar y con más fuerza después de las legislativas.
También es ilusorio el pedido a través del Senado para que los Derechos Especiales de Giro (DEG) no se “malgasten” en pagar la deuda con el FMI, sino que se destinen a la lucha contra el coronavirus. Lo cierto es que la misma naturaleza de los DEG hace muy difícil ese redireccionamiento. El intento no es más que una declaración de intenciones imposible. Busca mantener la ilusión del núcleo duro de votantes cristinistas, cada vez más desencantado por una inflación que vuelve más descarnada la pobreza.
Los artilugios para simular una supuesta estabilidad antes de las elecciones van a ser cada vez más sorprendentes. Y aunque parezca que falta mucho, cada estratagema de Alberto no es más que una débil brazada en la carrera hacia noviembre, en aguas cada vez más turbulentas. Cristina parece sacarle distancia con astucia. Todo apunta a la competencia electoral.
Un gobierno así no sólo no puede llegar a buen puerto. Toda tiranía, comienza destruyendo a sus enemigos, luego absorbe los recursos de los sectores más alejados de su base territorial, el Conurbano. Es lo que está sufriendo el campo, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Y suele acabar, tarde o temprano, con sus propios aliados.
*La autora es Ex Diputada de la Nación.
