Nuestra “izquierda” populista latinoamericana, esa que bajo el nombre de Grupo de Puebla está por reunirse en Buenos Aires, tiene una concepción muy paradojal de la corrupción y de la democracia pese a creerse moralmente superior a la “derecha”; cuando se realiza un juicio dentro del más pleno estado de derecho y ajustándose estrictamente a sus normas, como en el caso de Cristina Kirchner y asociados, se lo caracteriza de antidemocrático, mientras que cuando se tiene que sentar posición sobre el autogolpe -este sí, realmente antidemocrático- que intentó el expresidente Pedro Castillo en Perú, o se lo defiende solapadamente o cuando menos no es en principio criticado. Es que Cristina Kirchner y Pedro Castillo son aliados de ruta. Por eso si una es condenada por corrupción se la defiende y si el otro intenta un golpe de Estado, se lo defiende igual. A los amigos todos, a los enemigos ni justicia.
Cristina definió mejor que nadie al enemigo del populismo de izquierda: “Esto es un estado paralelo y mafia judicial... Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad de los argentinos”.
Entonces, luego de su condena, ha decidido declararle la guerra popular prolongada a ese “estado paralelo” ya que lo más probable es que por el resto de sus días deba seguir rindiendo cuentas a la justicia con interminables apelaciones y nuevos juicios. Estamos en las vísperas de un conflicto de poderes muy fuerte. Unos lucharán contra la corrupción, otros lo harán contra el lawfare, dos lógicas de sentido prácticamente irreconciliables.
El fiscal Diego Luciani y la vicepresidenta Cristina Kirchner tienen una coincidencia: ambos creen que los eventos más importantes durante la era kirchnerista han ocurrido en estados o gobiernos paralelos. Que no es dentro de las estructuras formales donde se ejerce el poder real, sino en lugares ocultos, opacos, conspirativos.
Cristina llama estado paralelo al que maneja los hilos del poder verdadero: una alianza de los poderes fácticos empresariales, comunicacionales, judiciales y políticos.
Luciani llama gobierno paralelo al que descubrió en el expediente judicial de Vialidad: la asociación ilícita dentro del Estado que tuvo como objeto principal el de la corrupción. No fue, según el fiscal, el gobierno formal quien delinquió, sino una organización paralela formada exprofeso para ello, con sus propias jerarquías, en las cuales un secretario privado era más importante que un jefe de gabinete, o un chofer mucho más poderoso que un legislador. Quizá ni Néstor ni Cristina querían tener más plata para disfrutarla privadamente (aunque los otros miembros de la asociación ilícita solo querían llenarse los bolsillos) sino que en su concepción la única llave que abre las puertas del poder verdadero es el dinero, así como para los Montoneros en los años 70 la única llave que habría las puertas del poder verdadero eran las armas.
Sólo desde esa perspectiva podría decirse que hubo razones políticas en lo que hicieron los Kirchner, que no era un robo común, pero igual era un robo, aunque fuera causado por la corona para sumarle poder a la corona.
Los jueces de la sentencia no avanzaron tanto como el fiscal Luciani (del mismo modo que los jueces de las juntas militares fueron en sus condenas bastante más leves de lo pedido por el fiscal Strassera) y eso es posiblemente porque miraron solo los hechos y evidencias y nada más a ellos juzgaron, sin meterse a analizar las intenciones perversas que había detrás de los mismos.Quizá la asociación ilícita no sea demostrable jurídicamente, pero para Luciani no existe duda de que ese gobierno paralelo existió, como para Cristina no existe duda de que un estado paralelo la quiere destruir.
Ambos están discutiendo sobre la metafísica del poder, sobre su naturaleza más profunda. Los dos están juzgando a dos estados o gobiernos paralelos que consideran sus enemigos. Y a su modo expresan dos Argentinas que desde siempre vienen conviviendo malamente, como se reiteró plenamente en las aguas facciosas de la política argentina del siglo XXI.
Así como Luciani cree que cuando la corrupción alcanza tal salto cualitativo como el que alcanzó durante el kirchnerismo, la democracia entra en peligro, Cristina cree que la división de poderes debilita la democracia porque le da poder a las fuerzas fácticas, al estado paralelo mafioso que le impide construir su proyecto político, según el cual los controles y los límites institucionales son las herramientas de que se valen los conspiradores ocultos para impedir el pleno poder popular. Al revés, la concepción que sostiene Luciani piensa que son los controles y los límites al poder la garantía esencial de la existencia de una democracia republicana. Algo que tiene sin cuidado a la democracia populista, cuyo fin central es el de acumular poder en vez de distribuirlo.
Son dos lógicas opuestas de entender la política y la democracia que en este juicio confrontaron con meridiana claridad, que existen desde siempre en el país y que también se enfrentaron en los inicios democráticos.
En una reciente entrevista a un diario de Brasil, Cristina subestimó brutalmente el juicio a las juntas militares durante el gobierno de Alfonsín. Dijo que “salvo dos (condenados), después no pasó absolutamente nada, en realidad es a partir de 2003 cuando las políticas de memoria, verdad y justicia se llevaron a cabo”.
Una versión facciosa y falsa de la realidad, porque lo que se condenó en los 80 fue a militares con poder político y de fuego aún inmensos, tanto que les alcanzaría para tres intentos más de golpes de Estado. Y sin desmerecer lo que hicieron los Kirchner, lo suyo, condenando militares ya sin poder alguno, tiene entre cien y mil millones de veces menos valor que lo de Alfonsín y Strassera.
En tanto, la lógica que adoptó el peronismo en 1985 y que -excepto la fugaz renovación peronista- luego multiplicó Menem, fue la del perdón a los crímenes de la dictadura e incluso a los cometidos antes de 1976. Ayer el peronismo de “derecha” quiso perdonar la represión, hoy el peronismo de “izquierda” condena la represión pero perdona la corrupción, en particular porque los juicios se los hacen a ellos. Parecen cuestiones ideológicamente enfrentadas, pero son en lo estructural la misma cosa, la misma lógica: el perdón de los crímenes o delitos de Estado cometidos por razones políticas. Negar la igualdad ante la ley cuando de poderosos se trata.
Sin embargo, a través de ambos juicios, desde el de Strassera hasta el de Luciani, la democracia se va perfeccionando institucionalmente. Es una pena que en ambas oportunidades históricas, el popular y mayoritario peronismo se pusiera en la vereda de enfrente, negándose ayer a condenar represores y hoy a condenar corruptos.
* El autor es sociólogo y periodista. clarosa@losandes.com.ar
