Desinteligencias en el espacio oficialista nacional alertan sobre un posible desajuste en el andamiaje del gobierno del presidente Alberto Fernández. En los últimos días se hicieron públicos cuestionamientos a la gestión que dieron lugar a un intercambio durísimo de opiniones que sorprende y debe preocupar.
Los términos más extremos salieron de la referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien criticó abiertamente a Fernández por haberse rodeado de empresarios durante la celebración del 9 de Julio. Tuvo conceptos imprudentes y muy agraviantes hacia los representantes de la actividad privada en el país. Temerariamente, Bonafini calificó a los empresarios presentes como responsables de la caída económica del país. Los definió como “explotadores” de los trabajadores, entre otros imprudentes calificativos. La embestida obligó al presidente a hacer una especie de descargo público con el que buscó explicar el camino de diálogo que pretende de su gobierno.
Esta desacomodada reaparición de la señora de Bonafini condujo, a su vez, a un intercambio de opiniones y acusaciones entre conocidos miembros del kirchnerismo. El mayor respaldo fue el del ex influyente ministro Julio De Vido, ahora con prisión domiciliaria, partícipe de una red de corrupción en el ejercicio de la función pública durante los doce años previos de kirchnerismo que lo llevó a la cárcel ni bien dejó su banca de diputado nacional. La reaparición de De Vido dio lugar, a su vez, a más críticas cruzadas entre distintos personajes del kirchnerismo más radicalizado.
El presidente Alberto Fernández pregonó desde su asunción la intención de llevar a los argentinos a un paulatino reacomodamiento luego de muchos años de profundización de la grieta social e ideológica, que divide por encima de lo que puede constituirse un lógico y necesario disenso. Luego, el pronto manejo de la pandemia de coronavirus y el abordaje de la deuda externa parecieron fortalecer la imagen presidencial. Sin embargo, coincidentemente con la extensa cuarentena y sus nefastas consecuencias en la economía, más el cansancio de buena parte de la sociedad, comenzaron a quedar a la vista fisuras en el frente gubernamental que obligaron a idas y vueltas que para nada contribuyen con la credibilidad en la gestión.
Las diferencias y dudas salieron a la luz a partir de la frustrada expropiación de la firma Vicentín, un ensayo de intervencionismo estatal que dejó mal parado al titular del Ejecutivo nacional, que en recientes declaraciones periodísticas admitió su error, o el de quienes lo llevaron a anunciar la intención del Gobierno, pero siempre dejando dudas sobre sus reales convicciones. “Pensé que saldrían a festejar”, dijo públicamente. Esto lleva a pensar que si la gente hubiese avalado aquel embate, posiblemente la tradicional empresa santafesina ya estaría en manos del Estado.
Habiendo transcurrido sólo 7 meses de nuevo gobierno, estas diferencias que trascienden en medio de graves acusaciones deben llevar a los dirigentes moderados del oficialismo a intentar imponerse para calmar los ánimos. Es sano que exista disenso interno, pero no de la manera que se plantea en estos días. Lo mismo le compete a la oposición, que debe cuidar de la calidad institucional y contribuir con las medidas que tiendan al bienestar de los argentinos.
