La Dirección General de Escuelas (DGE) tienen potestad sobre toda la educación primaria, secundaria y terciaria, ya sea de gestión estatal o privada; la mayoría son estatales y con edificios propios.
Actualmente se registran en la provincia un gran número de escuelas primarias, más de 184 secundarias, además de las escuelas técnicas y terciarias, jardines maternales, salas de hasta 4 y 5 años, anexos, etc. superan los 1.250 establecimientos, sin contar con las de gestión privada.
Todos los años surgen problemas en los establecimientos, de tipo edilicio, que afectan la seguridad, salubridad e higiene de los educadores y educandos que concurren a ellas.
Un informe de un relevamiento del Centro de Investigación Social de Mendoza (Cisme) de mayo de 2022, arrojó que el 62% de los establecimientos tienen distintos problemas de humedad, filtraciones y estructurales.
El Ministerio de Infraestructura, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Educativa, de la cual depende la Dirección de Mantenimiento y Reparaciones, es la encargada de efectuar el mantenimiento de los edificios escolares de propiedad u ocupados por el Estado; asimismo ante las denuncias de sus directivos realizan las inspecciones necesarias.
Esta labor no es suficiente, dado que cada año cuando se inicia el ciclo lectivo, comienzan los problemas en los edificios escolares y muchos establecimientos deben suspender por un tiempo -solo a veces breve- el dictado de clases en las áreas afectadas, por seguridad de sus alumnos, afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dicho organismo no cuenta con el personal suficiente para inspeccionar la totalidad de los edificios escolares públicos y privados, por lo que esta problemática se repite año tras año sin solución de continuidad, afectando el servicio de educación.
A su vez los municipios, por sí, muchas veces asumen la responsabilidad de realizar mejoras y reparaciones menores, aliviando de alguna manera esta pesada carga, afectando para ello, parte de los Fondos de la Soja que reciben a través de la provincia.
Por estas razones que se repiten a través de los años y cada vez con más frecuencia, es que el 23 de diciembre de 1.998 por iniciativa del bloque Demócrata se sancionó la ley 6650, que fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de enero de 1.999.
Esta ley en su art 1.- establece : “Los establecimientos de educación primaria, secundaria y terciaria estatales y privados de la Provincia de Mendoza, deberán contar con una inspección municipal de seguridad, higiene y salubridad, anualmente, la que deberá ser comunicada a la Dirección General de Escuelas” .
Esta norma establece de forma obligatoria la inspección municipal de los establecimientos educativos en forma anual y que se deben hacer en periodo de receso escolar, para así permitir la realización de sus reparaciones y puestas en condiciones de seguridad, higiene y salubridad, antes de comenzar el ciclo lectivo.
La participación de los municipios con estas inspecciones, dado la distribución territorial de las escuelas y por contar con suficiente personal, permitiría una solución más rápida de los problemas.
El art. 2.- de la ley 6650, dispone que “el Poder ejecutivo deberá reglamentar la ley en el término de 60 días de su promulgación, debiendo establecer los procedimientos para su aplicación”.
Han transcurrido 23 años de su sanción y a pesar de haber pasado 7 gestiones gubernamentales de distinto signo político, no ha sido reglamentada la ley 6650, privando a la provincia y a sus habitantes de una herramienta eficaz para de alguna manera paliar el tema de las deficiencias constantes de los edificios escolares.
Nadie le quiere poner el cascabel al gato.
* El autor fue Diputado Provincial (M.C.). Autor de la ley 6650
