La coincidencia entre la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la caída del régimen de Asad, plantean el interrogante sobre si podrá tener influencia política en América Latina. La primera tendrá lugar el 20 de enero y la segunda ocurrió el 8 de diciembre de este año. En un mes y medio habrán tenido lugar dos hechos relevantes en la política internacional, con efectos regionales. La cuestión central es si la combinación entre la llegada de Trump y la salida de Asad, como fenómenos políticos, debilitarán o no la lucha por la subsistencia de los presidentes Miguel Díaz Canel en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Si bien las prioridades de Trump están en lograr un cese del fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania y en encauzar, aunque sea parcialmente, los conflictos bélicos en Medio Oriente, la caída de alguna de estas tres dictaduras latinoamericanas sería un efecto político a su favor y no sólo en la región. Cabe señalar que el próximo Secretario de Estado, Marco Rubio, es de origen cubano y mantiene estrecha relación con la minoría de este origen. Eso hace que ponga prioridad en lograr cambios de régimen en estas dictaduras y que lo sucedido en Siria, aunque es lejano geográficamente y diferente como conflicto, no deja de crear un clima político global en estos días. Seguramente Rubio no desperdiciará esta oportunidad.
Cuba enfrenta una crisis económica profunda que fue reconocida por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien afirmó que el país vive “prácticamente al día” debido a la escasez de alimentos, medicamentos, combustible e inflación. A pesar de algunos esfuerzos para mejorar la producción agrícola y energética, persisten los apagones y la falta de recursos. El gobierno culpa a las sanciones de Estados Unidos y lo acusa de agravar la situación, mientras enfrenta una grave escasez de combustible, con estaciones cerradas y menos suministros que llegan desde Venezuela. El turismo, un factor vital para la economía cubana, ha caído drásticamente, con casi un 50% menos de visitantes que antes de la pandemia. Esta actividad se ha visto afectada principalmente por el deterioro de la infraestructura y la crisis energética y de seguridad. Internacionalmente, Cuba sigue siendo catalogada por Estados Unidos como un Estado patrocinador del terrorismo, lo que implica más sanciones económicas. A pesar de estas dificultades, el gobierno mantiene una postura desafiante, promoviendo movilizaciones contra Estados Unidos mientras la crisis afecta gravemente a la población.
Venezuela enfrenta una situación política y social crítica que ha captado la atención internacional. Seis opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, denunciaron el acoso constante del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo amenazas, hostigamiento psicológico y presencia de francotiradores. La detención del gendarme argentino Nahuel Gallo agrava el clima tenso. La oposición exige justicia por la muerte del prisionero político Jesús Rafael Álvarez y la liberación de más de 1.900 detenidos. Enrique Márquez, uno de los opositores al régimen, condenó la represión, mientras María Corina Machado afirmó que el chavismo está “acorralado” y ve su fin cercano, pese a los intentos de Maduro por asegurar su reelección obtenida este año por medios fraudulentos. En el ámbito internacional, Brasil mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, pero no reconoce el resultado de las elecciones de julio. Además, negocia salvoconductos para garantizar la seguridad de los asilados en la embajada argentina, un conflicto que todavía parece lejos de haberse solucionado.
En cuanto a Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega sigue consolidando su control político tanto interno como a nivel internacional. El ministro nicaragüense Denis Moncada condenó las sanciones de Estados Unidos contra su país, Cuba y Venezuela, a las calificó de “ilegales y dañinas para los pueblos”. Además, la Asamblea Nacional aprobó una ley para regular el uso de drones, argumentando la necesidad de proteger la soberanía frente a injerencias extranjeras. Las tensiones con Panamá se agravaron por la presencia del expresidente Ricardo Martinelli en la embajada nicaragüense, lo que Panamá considera una violación del derecho internacional. Internamente, Ortega presentó una reforma constitucional que otorga a su esposa, Rosario Murillo, el título de “copresidenta”, consolidando el control sobre los tres poderes del Estado. La reforma amplía el mandato presidencial a seis años, formaliza el control del legislativo y judicial, y crea cuerpos auxiliares para la Policía Nacional. Estas medidas, criticadas por organizaciones internacionales, refuerzan el carácter autoritario del régimen, restringiendo libertades y persiguiendo a opositores.
En conclusión, la asunción de Donald Trump y la caída del régimen de Asad podrían generar un clima político global que, combinado con las sanciones y presiones lideradas por Estados Unidos, influya en el debilitamiento de los regímenes de Díaz-Canel en Cuba, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
