Quedó claro, una vez más, que Rodolfo Suárez pretende que su gestión no tenga ningún problema a raíz de la discusión siempre latente sobre minería no autorizada por la ley 7.722. Su postura a partir de la presentación que hizo el departamento de Malargüe, con su intendente a la cabeza, fue contundente pero también reiterada.
No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo justifica la clausura del debate sobre el uso de sustancias químicas para la explotación, como sugiere el mapeo hecho por los malargüinos para delimitar las zonas en las que se podría llevar a cabo la polémica actividad.
No hay que olvidar que Suárez tuvo que recomponer rápidamente su flamante gestión cuando la reacción de los sectores ambientalistas movilizó a buena parte de la población en contra de la modificación de la ley minera dispuesta en diciembre de 2019. El Gobierno contó entonces con el apoyo legislativo del PJ, que también abonó la idea (propuesta de campaña) de abrir la provincia a la actividad minera en general. Pero la soledad invadió al radicalismo cuando, en medio de la pueblada, el PJ le soltó la mano al Gobierno y lo dejó solo de cara al malhumor social.
Por eso en estos días Suárez reiteró, con más énfasis, claro, lo que vino diciendo una y otra vez en estos casi tres años de gobierno: “Todos saben que opino que la minería es una gran oportunidad para Mendoza. Estamos convencidos de que es una fuente de riqueza para que la gente viva mejor. Pero ustedes también saben lo que ocurrió: hubo un fuerte rechazo. Y luego de lo que ocurrió no creo oportuno impulsar una reforma de la ley 7.722, no es el momento”, sostuvo a los periodistas el Gobernador luego de la presentación de la iniciativa sureña.
Y dio otro argumento muy razonable: hay ya malestar social por la tremenda crisis económica y social derivada en gran medida de las políticas nacionales. Por ello, de nada servirá fomentar un debate que pueda potenciar más los ya caldeados ánimos.
Además, hay que tener en cuenta que en distintos foros empresarios el jefe del Ejecutivo vienen señalando las limitaciones que para la minería impone la legislación vigente y la impotencia de su gobierno para cambiar ese rumbo. Y, como acaba de realizar en su visita a Brasil, sí promociona las explotaciones factibles según la legislación, como Potasio Río Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo. “Tres proyectos que son una gran oportunidad para Malargüe”, sostiene.
Por su lado, el intendente radical Juan Manuel Ojeda también tiene sus razones para ponerse al frente de la jugada a favor de la minería libre en su jurisdicción. De algún modo, los malargüinos se sienten desplazados de la consideración política nacional y provincial: debieron soportar en estos últimos años la caída del proyecto de Portezuelo del Viento ante la soledad del gobierno de Mendoza frente a la supremacía justicialista en el Coirco, que encabezó una vez más La Pampa con el guiño de la Nación.
Suárez no puede desconocer la presión que ejerce todo Malargüe sobre su intendente para formalizar la inquietud por la minería, mientras que Ojeda también sabe de las limitaciones que tiene el gobierno provincial para la apertura de la actividad.
Además, los sectores ambientalistas mantienen su estado de alerta, empezando por el diputado Jorge Difonso, uno de los mentores de la ley 7.722. Para el legislador oficialista no radical la presentación de Malargüe es “una acción más de tantas” que el sector minero realiza para intentar destrabar el tema. Y en esta oportunidad la resistencia también se basa en la sequía histórica que enfrenta la provincia este verano: “Parece que no se tuviese en cuenta su magnitud”, sostiene el legislador para retrucar la postura prominera.
Recuerda, además, que la ley 7.722 “no prohíbe la minería, como se dice”. Y opina que en base al marco legal vigente “lo que no se pudo concretar en materia de proyectos mineros sí encuadrados en la ley hay que atribuirlo a fallas de los emprendedores o a la incertidumbre en materia económica que arrastra la Argentina”.
Critica Difonso el posible desmembramiento de la ley vigente para satisfacer a Malargüe. “No sólo no estoy de acuerdo, sino que considero que exceptuar a un departamento puede ser el punto de partida para planteos similares en otras partes de la provincia que también tienen interés en la explotación minera hoy no habilitada”. Y aduce que no hay antecedentes de una legislación de este tipo que se aplique parcialmente.
El estado deliberativo está instalado. Así lo demuestra la importante movilización que hicieron a Casa de Gobierno sectores empresarios y sindicales identificados con el proyecto que movilizó el intendente Ojeda, a los que atendió el ministro Isgro, más allá de la decisión de Suárez de no abordar el tema. Y es probable que el debate en comisiones del Senado se habilite, hasta que los alfiles legislativos del Gobierno le pongan freno a la discusión y guarden la propuesta tras siete llaves.
Ruidos puertas adentro
El clima preelectoral también resuena. En la semana circuló información dando cuenta de una posible ruptura del Pro local con el radicalismo de Cornejo y Suárez. Obviamente, las miradas en estos casos siempre recaen sobre el referente principal de espacio “amarillo” en la provincia, Omar De Marchi.
Sin embargo, no es ésta la primera vez que se habla de la partida del diputado nacional y sus seguidores para armar campamento por afuera de Cambia Mendoza. Debe recordarse lo ocurrido en la previa de las elecciones de 2021, donde hubo todo tipo de especulaciones similares pero al fin para cierre de listas, hubo acuerdo y el macrismo local logró buenos lugares en las boletas de candidatos.
Se espera que, de acuerdo con lo prometido, el Pro mendocino dé a conocer el mes que viene su diagnóstico sobre la realidad de la provincia y un plan de acciones que se deberían encarar. De Marchi y los suyos no son muy críticos de las gestiones radicales de Cornejo y Suárez, pero consideran que hace falta un plan superador para encarar postraciones que tiene Mendoza en varios ámbitos. Es un criterio compartido por muchos sectores de la vida provincial.
De todos modos, quienes siguen de cerca las movidas del tablero preelectoral descartan por el momento una futura ruptura dentro de la coalición gobernante. Si bien se han retirado algunos partidos que en 2015 arrancaron en un mismo espacio detrás de la propuesta de Alfredo Cornejo, el Pro ya tiene un bagaje político importante que el radicalismo no querría dilapidar. Sí se mantiene el enojo del Gobierno por la postura que adoptó el partido de De Marchi en la reciente discusión de la reforma en el funcionamiento de la Corte.
Además, la separación con el radicalismo constituiría una gran conmoción a nivel nacional dentro de Juntos por el Cambio y alteraría los planes de consenso que caracterizan el armado que realiza Horacio Rodríguez Larreta, para el que De Marchi viene siendo un engranaje fundamental. Y sólo un estallido de la coalición opositora a nivel nacional podría dar vía libre a una detonación similar aquí y en otras provincias.
Mientras tanto, Suárez y la UCR mendocina en general comienzan a esperar con más ansiedad lo que decida Alfredo Cornejo. No es ninguna novedad, pero es algo gravitante. Hasta este momento sería el único dirigente capaz de lograr la adhesión, en algunos casos tolerancia, de todos los sectores internos partidarios. Si el actual senador nacional decide continuar en el plano nacional es muy probable que se regenere una interna para nada feroz, pero interna al fin, como tanto les gusta a los radicales.
De ser así, en materia de candidaturas nada garantizaría que, además de cornejistas y suaristas, pueda aparecer en escena una infaltable tercera posición con nombres de peso que han estado y están en funciones aquí y en el plano nacional.
En definitiva, el gobernador Suárez prefiere no tener sobresaltos que pongan en jaque los buenos números de aceptación de gestión que circulan. La receta incluye mantener en frío propuestas mineras que puedan generar conflictos y esperar que Cornejo defina qué va a hacer el año próximo.
