Una ley provincial de Educación acorde a las normativas nacionales y a los tiempos que corren ¿es necesaria? Sí, creo que todos coincidimos en eso. ¿Es el momento? Si hablamos en términos de urgencia, tal vez, no; pero si consideramos la importancia que tiene la educación en una sociedad, estimo que cuanto antes mejor. ¿Estamos preparados para un debate con altura? Ésa es mi duda. Es que tantos días de encierro, con libertades condicionadas, alternando responsabilidades laborales con tareas domésticas y escolares, con las preocupaciones que ha generado esta pandemia y la desesperanza nos pone en una postura a la defensiva (y en algunos casos hasta violenta). Y desde ese lugar es más fácil decir “no”.
“No” ¿a qué?... A la posibilidad de dialogar, debatir, construir? A un borrador que -según insisten desde la DGE- es un borrador abierto a los aportes de todos los sectores? A los 143 artículos propuestos en ese proyecto o sólo a algunos en particular?
Desde la Dirección General de Escuelas -concretamente su titular José Thomas- hablan de "construcción social; algunos legisladores como la senadora radical Claudia Salas insiste en un “debate plural” que genere “grandes consensos para sancionar una norma que dé fundamentos, sentido y direccionalidad la política educativa”. Incluso la diputada del Frente de Todos Silvia Stocco se sumó a los aportes y promueve la creación de una Comisión Bicameral de Educación “para dictaminar y desarrollar contenidos legislativos proponiendo herramientas e instrumentos para potenciar la mejora en todo el sistema educativo”.
En el otro extremo, desde el gremio que nuclea a trabajadores de la educación, SUTE, salieron a exigir la “apertura de paritarias salariales y no salariales” y frenar el tratamiento de la ley. También pidieron a las escuelas “convertir las jornadas (de martes y miércoles) en una gran protesta” con las siguientes premisas: “No al tratamiento de la nueva ley de educación. Acción colectiva en todas las redes. Armemos mandatos para participar del plenario del SUTE. Vamos por caravanazos, paros y demandas masivas. Unidad con los estatales y la comunidad”. Y generaron un documento virtual para recolectar firmas de quienes avalen esta posición.
Está claro que la dirigencia política ha perdido confianza en los últimos años; en consecuencia, es lógico que se generen dudas sobre qué tan abiertos estén a escuchar opiniones divergentes. De acuerdo al monitoreo de la opinión pública “Relevamiento de confianza de las instituciones” realizado por Managemente&Fit en mayo de este año, "el poder legislativo y la dirigencia política son aquellos que presentan mayores diferenciales negativos de confianza (31,2%). En tanto, según el mismo sondeo, “las universidades y las escuelas son aquellas mejor posicionadas en términos del nivel de confianza”, 80,5% y 71,1% respectivamente.
La sociedad está cansada de corrupciones y negociaciones bajo la mesa. Ha habido otras consultas que después no se han visto reflejadas en el documento final. Pero ¿hay que quedarse de brazos cruzados y dejar que sigan con esas costumbres “non sanctas”? Prefiero pecar de idealista y hacer uso del derecho de participación ciudadana que nos dan las sociedades democráticas.
El estudiantado, los padres y las madres también estamos abarcados en el borrador del proyecto de la Ley de Educación Pública de la Provincia de Mendoza. Por ejemplo, en el Título III se habla de los derechos y obligaciones de los y las estudiantes en el Capítulo 1, y de quienes ejercen la responsabilidad parental en el Capítulo 2. Entre los diferentes aspectos varios de los cuales vienen de la ley de 2002 aparece como novedad el “uso respetuoso y precavido de las redes sociales” por parte de chicos y chicas y el acompañamiento en el uso responsable de las redes por parte de padres y madres.
De todos modos, más allá de estas menciones específicas que serían conveniente revisar, las familias también tenemos voz y voto a la hora de opinar sobre qué educación queremos para nuestros hijos.
