El Banco Central dispuso días atrás que los importadores de determinados productos no podrán adquirir dólares en el mercado oficial.
Así, el devenir de las importaciones por la falta de dólares en nuestra economía ya no se explica con los habituales argumentos del proteccionismo ni de la necesidad de cierta regulación estatal, sino bajo las figuras del comercio administrado por el Estado y el establecimiento de periódicas y sucesivas trabas burocráticas, una más absurda que otra.
La primera curiosidad de la nueva disposición es que un organismo estatal con un rol clave en la política económica establece que los importadores deberán recurrir al mercado paralelo –calificado no hace mucho por las autoridades como ilegal–, donde impera la informalidad y no se pagan impuestos, a proveerse de los dólares necesarios.
Lo hace, claro está, porque no quiere admitir que ya no puede seguir entregando dólares al precio oficial, ni siquiera aplicando los dos impuestos creados por esta administración para encarecer su valor en un 65 por ciento.
Por supuesto, ese porcentaje impone una brecha mínima irreductible entre el mercado oficial y el paralelo. Brecha que ahora volverá a expandirse porque el Banco Central hará crecer la demanda.
La realidad es que las reservas del Banco Central ya están en un nivel ínfimo, sino negativo.
Ante la falta de información oficial, las consultoras privadas más optimistas estimaron que, al cierre de 2020, las reservas netas oscilaban entre los 2.000 y los 4.000 millones de dólares.
Las importaciones más o menos libres de un mes superan tranquilamente ese monto.
Más allá de su contenido explícito, toda decisión gubernamental emite señales sobre las líneas programáticas que las organizan.
En este sentido, la disposición del Central renueva la preocupación sobre el plan económico del Gobierno. Porque aun si el diagnóstico fuera que no hay un plan, que en su lugar reina la improvisación –el “vamos viendo”, según la jerga adoptada por varios analistas–, como este parche no traerá la solución y se convertirá en parte del problema, se deberán tomar nuevas medidas.
Las opciones que se vislumbran en el horizonte no son desconocidas: una devaluación mayor a la actual; caso contrario, en un futuro no muy lejano, una nueva regulación.
De hecho, a mediados de octubre se había dispuesto que los importadores, para conseguir sus dólares en el mercado oficial, debían obtener previamente una autorización del Ministerio de la Producción.
Ahora, aun si la hubieran obtenido, todo dependerá de los productos que importen.
Lo que nos lleva a la segunda curiosidad de la medida.
La lista de productos afectados equipara a los autos y motos de alta gama y los jets privados con bebidas alcohólicas (champán, cervezas y whiskys, entre otras), electrodomésticos, celulares, relojes y sembradoras y cosechadoras.
Desde toda perspectiva el listado no tiene lógica.
Tampoco la hubo en el sistema de comercio administrado que rigió casi todo el año pasado.
Y si algo requiere la economía es que el Estado actúe con cierta lógica.
