Se acaba de sancionar una ley que modifica la ley 8.345, y dispone un nuevo procedimiento para la designación del Defensor de Personas con Discapacidad.
Esta nueva ley es una demostración de la incapacidad de los políticos para acordar la designación de funcionarios que requieren una buena independencia para ejercer su cargo, sobre todo cuando el mismo tiene la posibilidad legal y en los hechos de incomodar a los gobiernos de turno.
La idea originaria del voto de los dos tercios del Senado para garantía de calidad e independencia del nombrado ha sido dejada de lado, al contrario de lo que dicen algunos legisladores , que comparan con otras designaciones legales y constitucionales , que solo requieren la mitad más uno del senado.
La ley anterior derogada demostraba con este requisito de los dos tercios , un avance de calidad institucional que los políticos no pudieron sostener.
La persona que se designaba gozaba del beneplácito no solo de la mayoría simple de turno sino de una proporción importante del todo el arco político.
Qué bueno sería que la Corte y los órganos de control también tuvieran esta necesidad de ser aprobado por los dos tercios del senado.
Quien fuera propuesto sería alguien que por su capacidad e integridad garantizaría la independencia necesaria para todos los actores de la política.
Conclusión , un paso para atrás , otro funcionario “gobernador -dependiente”, por tener mayoría simple automática , -la votación en el Senado fue 19 a 18- obviamente se verá afectado en la independencia de sus funciones en todo lo que sea cuestionamiento al gobierno, presionado siempre por la devolución del favor recibido , y por su posible reelección.
* El autor es abogado.
