Argentina atraviesa hace años un camino de inestabilidad económica, cuya consecuencia central es la incertidumbre generada, no solo por los datos preocupantes de inflación y desarrollo productivo, sino también por la inestabilidad en las reglas que enmarcan las posibilidades de crecimiento del país. Mendoza no está exenta de esta situación, provincia que con un orden fiscal, cuentas claras y un Estado eficiente en cuanto a prestación de servicios, encuentra serias dificultades para resolver algunos problemas económicos estructurales, que demandan de grandes reformas. Por ello, hoy el rol del gobierno provincial consiste en generar las condiciones necesarias para un ambiente favorable de negocios e inversión, con una seguridad jurídica actualizada, y en un contexto macroeconómico inestable.
Las reformas que se están impulsando ponen en el centro de la escena política a la Legislatura de Mendoza. La meta central está en iniciar proyectos de exploración y salir de la foja cero en relación a la potencialidad de la actividad minera sostenible, aprovechando recursos útiles para promover el desarrollo de la provincia. El Poder Ejecutivo, por un lado, presentó un proyecto de actualización del marco normativo que rige los procedimientos mineros, ya que el actual rige desde 1945. Este proyecto se complementa con la iniciativa “Malargüe Distrito Minero Occidental”, cuyo objetivo es optimizar la evaluación y gestión de proyectos de exploración minera en Malargüe. Tal como mencioné, estas reformas son estratégicas para Mendoza y sus posibilidades de atraer beneficios reales para la ciudadanía. A la altura de las circunstancias, estas reformas consagran al sector privado como el principal instrumento de generación de recursos, y consecuentemente, buscan modernizar y eficientizar los mecanismos y procedimientos mediante los cuales el Estado regula y garantiza la sostenibilidad de los emprendimientos mineros, respetando siempre la legislación, incluyendo la Ley 7722. Esta realidad posible fue expuesta por el ejecutivo provincial, liderado por el gobernador Alfredo Cornejo, en “Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC)”, la feria de minería más importante del mundo, en la cual también se explicó cómo la actividad minera propuesta puede convivir con otras actividades como la vitivinicultura y la agricultura.
Ahora bien, focalizando en la reforma del mencionado código minero, todo comienza con una necesidad básica: actualizar una normativa vigente desde 1945. Es necesario revisar la inteligencia de los mecanismos estatales para controlar y regularizar las actividades, reforzar los controles ambientales y el rol autónomo de la Policía Minera, transparentar los procedimientos, e incluir criterios de participación ciudadana local. Estamos hablando de una reforma totalmente ambientalista, materializada por ejemplo en la obligación de presentar un informe de impacto ambiental respetando estándares internacionales o la exigencia de una guía de transporte. El carácter ambiental no sólo radica en los controles y regulación, sino también en las oportunidades de inversión que se pueden lograr a partir del cobre, materia prima, por ejemplo, de paneles solares, aerogeneradores de energía o vehículos eléctricos. Explorar y avanzar con estos emprendimientos es la única forma de que Mendoza y el país avance y cumpla con la transición hacía energías limpias, que demandan sí o sí de este mineral.
Entre los cambios puntuales a destacar, se encuentra, la agilización de los trámites de permisos, evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se traduzcan en especulaciones inmobiliarias. Por otro lado, la digitalización de expedientes y de la información geológica de la provincia, garantizando no solo un mayor orden sino también facilitar la información para la ciudadanía. Resulta fundamental destacar otros beneficios, tales como la Declaración Jurada de Buenas Prácticas, para involucrar a grupos y comunidades de las zonas de cada proyecto minero, y el Registro de Productores Mineros, para formalizar la actividad y combatir la ilegalidad. Entonces, así como el ambientalismo es una incorporación central, también lo es la transparencia, rompiendo el secretismo actual con el que muchas veces funciona esto, beneficiando únicamente al sector empresarial minero.
En conclusión, la provincia de Mendoza se encuentra frente a desafíos económicos estructurales que demandan respuestas estratégicas y reformas significativas. La sociedad mendocina se está dando un debate que está a la altura de las circunstancias, en el cual siempre se debe respetar la licencia social y la voz de las comunidades involucradas en cada proyecto. La inestabilidad macroeconómica a nivel nacional afecta a la región, por lo cual, el Gobierno Provincial ha asumido la responsabilidad de crear condiciones propicias para el desarrollo económico en un contexto de incertidumbre. Las reformas propuestas de exploración en el marco normativo de la actividad minera se presentan como medidas clave para potenciar el crecimiento y atraer beneficios tangibles para la ciudadanía. La actualización de un código minero obsoleto desde 1945 busca modernizar y eficientizar los mecanismos estatales de control, regulación y garantía de sostenibilidad en proyectos mineros, respetando siempre la legislación vigente, como la Ley 7722.
En definitiva, el rol de la Legislatura de Mendoza adquiere una importancia crucial en este proceso, delineando un camino hacia la modernización y la adaptación a las realidades económicas del siglo XXI, con el objetivo de fortalecer la posición de la provincia en un entorno macroeconómico desafiante.
*El autor es Diputado Provincial Mendoza por la UCR
