“Peón de la oligarquía y el imperio” llamó Daniel Ortega a su hermano porque le había reclamado la liberación de los presos políticos y cuestionado la represión que en el 2018 dejó centenares de muertos, cárceles abarrotadas y Costa Rica inundada de exiliados nicaragüenses.
Llevaban tiempo distanciados. Cuando Violeta Chamorro llegó a la presidencia, el general Humberto Ortega permaneció al frente de la fuerza que él había creado con el nombre de Ejército Popular Sandinista, pero cumplió el encargo de la presidenta: despolitizarlo y convertirlo en la institución armada de un Estado democrático.
Todavía resentido por la derrota que le quitó el poder en 1990, Daniel interpretó la democratización del ejército como una traición ideológica de Humberto, y comenzó a atacarlo. No habría llegado a la presidencia en los años ’80, si no fuese por su hermano. Humberto lo propuso para el cargo, argumentando que era ideal como ficha neutral entre los distintos popes del FSLN.
Daniel no tenía fuerza propia, no era buen orador y tampoco un estratega militar. Su hermano lo hizo presidente. Pero el envilecimiento que le causó su codicia de poder lo alejó de quienes lo habían encumbrado tras la victoria guerrillera.
Cuando dejó la jefatura del Ejército, Humberto Ortega se dedicó a escribir, a teorizar sobre política y a hacer negocios. Su teoría del “centrismo” propone acuerdos entre izquierdas y derechas para que funcione la democracia. En paralelo, su despótico hermano mayor construía poder haciendo concesiones ultraconservadoras al reaccionario cardenal Obando y Bravo, mientras acordaba con los empresarios más poderosos el impulso a la empresa privada.
El modelo político-económico de Daniel Ortega pareció inspirarse en las alianzas de Vladimir Putin con la iglesia ortodoxa y con los archimillonarios rusos a los que llaman “oligarcas”. Y cuando en 2018 aplicó reformas y ajustes que golpearon a las clases medias y bajas, estallaron las protestas que respondió con represión y profundizando el autoritarismo.
La suya no es, como dicen muchos, una “dictadura sandinista”. Los mejores exponentes del sandinismo se distanciaron de él hace tiempo. Ernesto Cardenal, intelectuales valiosos como Edmundo Jarquín y el escritor Sergio Ramírez, su propio hermano y el ex vicecanciller Víctor Tinoco. También ex guerrilleros que formaron parte de los nueve comandantes de la revolución, como Luis Carrión y la Comandante Dos, Dora Téllez, además de Hugo Torres, ex combatiente al que hizo apresar con Téllez en la razia contra la oposición.
Ortega se adueñó del aparato político del FSLN, pero la suya es una dictadura familiar, no una dictadura sandinista. Sus más respetables ex camaradas preservaron el espíritu de la revolución que marcó el final del siglo XX, creando el Movimiento de Renovación Sandinista y denunciando la corrupción y el despotismo de Ortega.
A ese sandinismo disidente debieran apoyar los gobiernos que se auto-denominan progresistas. Pero recurriendo a coartadas falaces, lo que hacen es encubrir los crímenes de Ortega.
Cuando el Consejo Permanente de la OEA votó una resolución condenando los apresamientos de candidatos y dirigentes opositores, México y Argentina se abstuvieron. La justificación fue el rechazo a la actuación del titular de la OEA. Ciertamente, Luis Almagro resulta controversial por asumir posturas y actuaciones que exceden la función. Sus desmesuras sirvieron como coartada a México y Argentina. Pero a renglón seguido quedaron mal parados porque el régimen siguió apresando opositores.
Paralelamente, se pronunció el Alto Comisionado de ONU sobre Derechos Humanos exigiendo el cese de la razia contra la disidencia y la liberación de los presos políticos.
El gobierno de Alberto Fernández no acompañó ese documento crítico y, esta vez, no estaba firmado por el polémico Luis Almagro sino por la intachable Michell Bachelet.
Entonces las justificaciones pasaron por el rechazo a las injerencias externas. Absurdo. Los organismos de DD.HH. argentinos pedían a las potencias de Occidente, a la OEA, a la ONU etcétera que presionen de todos los modos posibles a la criminal dictadura que había instalado Videla. Y hacían bien. También hizo bien Alberto Fernández cuando pidió la libertad de Lula.
La política exterior mexicana tiene el antecedente de los gobiernos de Echeverría y López Portillo reclamando sanciones internacionales a la dictadura somocista. Y mientras el FSLN peleaba en los campos de batalla, enviaba delegados a Washington para pedir ante el Congreso que Estados Unidos aplique sanciones al régimen de Anastasio Somoza.
Hoy, Ortega acusa de “traidores criminales” a los opositores que denuncian sus crímenes ante el mundo.
El déspota vociferaba en Managua esas acusaciones cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia judicial autónoma y prestigiosa, le exigió que liberara de inmediato a los opositores detenidos de manera ilegal y despojados de derechos y garantías elementales.
Entre quienes votaron esa resolución no figura Almagro, sino Eugenio Zaffaroni, el gurú del kirchnerismo en materia de filosofía jurídica.
