El gobernador Rodolfo Suarez y sus funcionarios han manifestado durante la última semana su disconformidad con la distribución de la pauta presupuestaria, apelando una vez más a la remanida idea de la discriminación por parte del Gobierno Nacional.
El argumento recurrente de funcionarios, legisladores y candidatos del oficialismo provincial se asienta, más allá del ya slogan publicitario de “la discriminación”, en una mirada apuntada únicamente a las partidas destinadas a obra pública, que aparecen en el presupuesto 2022 o su extensión en el tiempo con partidas plurianuales de ejecución de algunas obras y cuyos desembolsos en 2023 y 2024 se ven reflejados en el proyecto de la ley de leyes.
De la lectura del capítulo del presupuesto nacional dedicado a Mendoza se desprende que del total de programas, subprogramas y actividades en concepto de gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, activos financieros y servicios de deuda que realiza en Estado Nacional en Mendoza, a través de todos sus ministerios y organismos, el monto total previsto para 2022 es de $355.828.471.933, monto que comparado con los $231.418.504.063 presupuestados para 2021, representa un incremento en términos nominales del 53,75%.
Aun calculando una inflación del 40% por encima de la proyectada, el presupuesto para Mendoza en 2022 en términos reales se vería incrementado entre un 8% y un 20% ubicándose en el 9° lugar en el ranking de provincias con mayores incrementos, levemente debajo de San Juan con un gasto presupuestario per cápita $175.280 contra $174.494 de presupuesto nacional por mendocino.
También se posiciona por encima de otras provincias tales como Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Evidentemente por los datos que se desprenden del texto del presupuesto, Mendoza no se encuentra en una situación de desventaja, ni con las provincias vecinas ni con las provincias grandes y tampoco tiene mucha incidencia el signo político para la determinación de los criterios presupuestarios.
El factor que tiene un peso considerable a la hora de lograr una mayor participación en el presupuesto de obras públicas es la formulación de proyectos, la gestión institucional con los distintos organismos nacionales y la negociación política para llegar a acuerdos beneficiosos para la provincia.
Pareciera que tanto el gobernador Rodolfo Suarez, sus funcionarios y los legisladores nacionales de su espacio político no quisieran recorrer el camino para lograr mejores condiciones, llevar proyectos relevantes y consistentes a la Nación para conseguir el financiamiento específico y el vínculo institucional permanente, dicho de otra manera generar proyectos y hacer las gestiones necesarias para concretarlo.
No hay que sentarse a esperar que las obras lluevan a Mendoza, hay que gestionar sin victimizaciones ni sobreactuaciones de confrontación épica, ni después de dormir la siesta decir que “se alza la voz”.
Es necesario que el gobierno provincial muestre madurez política y gestión para que Mendoza pueda salir de la profunda crisis que arrastra desde hace 6 años, periodo en que todos los indicadores económicos y sociales empeoraron y que comparativamente con otras provincias de la Región, nos encuentra a los y las mendocinas en peores condiciones.
Sin dudas queremos más obras y recursos para Mendoza, pero para ello necesitamos que los funcionarios provinciales funcionen y gestionen con los organismos nacionales y salgan de la actitud pasiva y confrontativa que mantiene de rehenes a toda la sociedad mendocina.
*La autora de la nota es Diputada Nacional del Frente de Todos por Mendoza.
