Arranca el ciclo lectivo y parece que cuando hablamos de educación, hablamos desde mundos diferentes y disociados.
Desde la Dirección General de Escuelas y el Gobierno provincial están convencidos de que van por buen camino. Varias veces hemos escuchado decir a José Thomas que agradece el esfuerzo de los docentes y repite que para los protocolos de la vuelta a las aulas se está trabajando desde el 2020. La semana pasada “destacó el empoderamiento de los responsables de cada institución, quienes contarán con todo el apoyo y acompañamiento del gobierno escolar”; indicó que habrá un fondo especial de 65 millones de Mendoza Educa y que se está buscando más financiamiento para garantizar la conexión entre docentes y alumnos. “Tenemos más de 750 escuelas que abrieron el año pasado, 600 escuelas intervenidas, 400 que estamos interviniendo, 122 escuelas con fondo Covid depositados en Nación”, especificó.
Desde el gremio docente, señalan que su mayor objetivo es velar por los trabajadores de la educación. Sin embargo, las expresiones en contra del sindicato también se hacen sentir; incluso, en estos días hemos visto que un grupo de 400 directivos se cortó solo, armó un petitorio para solicitar “reconocimiento y la revisión de aspectos salariales y de funciones” y fue recibido por Thomas, con quien acordaron “un proyecto de trabajo conjunto para avanzar sobre los puntos del petitorio y mantener una comunicación fluida para que las soluciones repercutan en beneficio de la educación”.
Hasta allí, parecen dos caras de la misma moneda. No obstante, se asemeja más a una cinchada en la que quienes están en las escuelas son rehenes de ese tironeo. Falta la visión de aquellos que le ponen el hombro todos los días y miran con desconfianza el discurso oficial.
“Que nos acompañe”. “Que nos escuche”. “Que reconozca la labor docente a través de una remuneración justa”. “Que no nos desprestigie”. “Que invierta en educación”. “Que respete los horarios de trabajo”. “Que contrate más personal para evitar la sobrecarga con doble actividad (virtual y presencial)”. “Que se pongan las pilas”. “Que haya infraestructura adecuada”. “Que se hagan cargo de lo que les corresponde”. “Que se desburocratice y deje de pedir datos y planillas con los que no hace nada”. “Que pongan los pies en la tierra y al menos uno de ellos pase tiempo en el aula para darse cuenta de nuestra realidad”. “Que deje de improvisar”. “Que se comprometa con los docentes”. “Que esté presente”. “Que considere la educación como algo importante”. Son algunos de los pedidos que varios docentes consultados tienen para el Gobierno.
Este punteo de maestras, profesores, directivos que están ansiosos de volver a las aulas (aunque muchos de ellos temen lo que pueda suceder porque en sus escuelas han sufrido pérdidas por Covid-19) está avalado por organismos internacionales.
En diciembre, la publicación del BID “Reabrir las escuelas en América latina y el Caribe” enumeró cuatro condiciones fundamentales: escuelas seguras (infraestructura, acceso al agua y saneamiento); recursos humanos (urgencia de mejorar políticas referentes a formación, disponibilidad, asignación y condiciones laborales de los docentes); acceso a TIC y conectividad; financiamiento (recursos financieros adicionales, mejor distribución, asignación de recursos equitativa y eficiente). De todos los puntos hay algo para cuestionar, pero el último es difícil de imaginar en una Mendoza que para este 2021 sólo incrementó un 1% la partida presupuestaria para Educación considerando lo que se destina desde la DGEy las otras áreas.
El jueves se reencontraron los equipos directivos y empezaron a bocetar este sistema híbrido de presencialidad y virtualidad con la flexibilidad de que ante cualquier pico se deba cambiar. Mañana se suman maestros y profesores. La incertidumbre es si para el 1 de marzo estarán garantizadas las condiciones sanitarias, la infraestructura, el transporte público, las vacunas. La otra preocupación es cómo se acomodarán las familias a los nuevos horarios.
