Rodolfo Suárez inició el jueves el declive temporal de su mandato. Ya son más los días que pasó en la Casa de Gobierno que los que tiene por delante en ese despacho al que le dio su toque personal, político y también estético, apenas se hizo cargo.
Los dos años próximos asoman complejos. Ante todo por el contexto económico nacional y la nula relación con el gobierno de Alberto Fernández, que retacea el envío de fondos.
Pero también porque no se vislumbran objetivos de envergadura que puedan dar épica a la gestión y sean su legado. Sobre todo en un tiempo en que el poder real comienza a menguar, al mismo tiempo que crece la disputa por la sucesión.
Sí claramente hay una apuesta a potenciar el turismo, con obras y promoción, a partir de la marca “Mendoza”, que ha recobrado prestigio como destino nacional. Pero esto no parece alcanzar para pasar a la historia.
Además, el coronavirus es una amenaza que nunca termina de ceder y cada momento de calma parece anteceder a un nuevo brote. De hecho, los casos han venido creciendo a razón de 50% por semana desde el 19 de noviembre. Suárez, como ya se dijo en esta columna, está condenado a ser el gobernador de la pandemia.
“Han sido dos años muy duros, más de lo que la gente se imagina. Tomamos decisiones muy fuertes. A lo mejor era más fácil ir por otro lado”, hace su balance personal el mandatario.
La primera de esas decisiones fuertes a las que alude fue la reforma de la ley 7.722 para habilitar la minería metalífera, que generó un fuerte enojo social que se manifestó en las calles e hizo temer desbordes incontrolables. Habían pasado dos semanas desde su asunción y algo ya parecía haberse roto en el vínculo con los mendocinos e incluso sus votantes.
Luego vino la pandemia, que reconcilió a la sociedad con los gobernantes en todo el mundo. Suárez recuperó el apoyo perdido también, sobre todo gracias a la apertura de las actividades económicas y sociales.
El Gobernador cree que hubiese sido más fácil para él no plantear lo de la 7.722 y hacer “seguidismo” con la cuarentena, limitándose a lo que la Nación definía. Si algo salía mal, la culpa hubiese sido de otro. Pero no está arrepentido de esas decisiones.
“Como decía Bonavena, cuando suena la campana te sacan el banquito y uno se queda solo”, compara.
Aquella modificación votada y luego anulada de la 7.722 fue el único acuerdo trascendente que logró con el peronismo en dos años. De ahí en más, sólo hubo encono. Cada uno cavó trincheras a ambos lados de la grieta y desde allí han combatido.
Por eso no avanzaron tampoco otros dos cambios que había soñado como pilares de su gestión. La reforma constitucional fue inmediatamente rechazada por toda la oposición. La ley de Educación fue cuestionada por el SUTE y se plegó el PJ.
Aunque la minería es un debate cerrado para Suárez, los otros dos proyectos siguen en su agenda.
El oficialismo avanzará con el debate legislativo para una nueva Constitución y lo someterá a votación el año próximo. No le importa perder.
La intención es exponer al peronismo oponiéndose al argumento principal: bajar el costo de la política con la eliminación de una cámara legislativa y de la elección provincial de medio término.
Uno de los encargados de llegar a un acuerdo con la oposición apunta donde más duele: “Pierden por 25 puntos y salen a decir que no a algo que pide la ciudadanía. Si no les gusta el proyecto, pueden sentarse, negociar y proponer cambios”.
La nueva ley de Educación, como ya se ha dicho, espera en un cajón hasta que el SUTE elija a sus nuevas autoridades. Igual, no hay muchas esperanzas puestas allí. Difícilmente el que gane (competirán cinco listas) acepte la propuesta oficial.
Suárez cree que, más allá de los resultados, los debates hay que dejarlos iniciados: “Si no es ahora, estoy convencido que en algún momento se van a a hacer los cambios”.
La urgencia de mostrar cambios
Está claro que plantear reformas y dejar los debates abiertos para que en algún momento del futuro se resuelvan no puede ser el objetivo de un gobierno. Suárez, más allá del contexto, está obligado a dejar su marca.
Con la reforma constitucional destinada a no avanzar, el Gobierno encontró un “premio consuelo”. Aunque nunca nadie del oficialismo lo definirá así, eso parece ser en definitiva el proyecto para eliminar la lista sábana y remplazarla por la boleta única.
Un instrumento que todos definen como necesario, pero que está lejos de implicar una reforma estructural como la que pretende colgarse como medalla cualquier gobernante.
“Si no hay un gran cambio, al menos hay que mostrar un cambio pequeño”, resume un funcionario de peso en la Casa de Gobierno.
La ventaja para el oficialismo es que esta modificación puede aprobarla sin aval opositor. Ante la tentación, un intendente radical advierte: “Más allá de que tengamos mayoría, ningún cambio electoral debería aplicarse sin tener el consenso del peronismo”.
El plan oficial, a cargo del ministro Víctor Ibáñez, comenzó con las consultas a los intendentes de Cambia Mendoza. La devolución será en una reunión sin fecha definida. Más allá del respaldo inicial, hay muchos detalles aún por resolver, como qué se hará en las PASO con las colectoras.
A partir de febrero, se abrirá en la Legislatura un espacio de debate al que se invitará a especialistas de Córdoba y Santa Fe para que cuenten las experiencias en esas provincias.
El modelo planteado por el Ejecutivo es el cordobés, que resume en una sola boleta todas las opciones que tiene el ciudadano, pero respetando las listas definidas por cada partido. La lista sábana se mantiene, cambia el soporte. El santafesino, en cambio, rompe con el orden prefijado en el caso de los concejales: cada ciudadano vota al postulante que prefiere.
El primer proyecto de boleta única lo presentó en 2013, cuando era legislador, el hoy intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, quien se inspiró en el caso santafesino.
Pero el tema volvió a la agenda a partir del planteo del Pro. Ese socio incómodo de los radicales que es Omar de Marchi avisó que los legisladores de su partido iban a impulsar la boleta única. El Ejecutivo hizo suya la idea y neutralizó la avanzada.
Así como en Mendoza, en Córdoba y Santa Fe esta herramienta electoral surgió a partir de una necesidad.
Juan Schiaretti la impulsó luego de haber vencido a Luis Juez por sólo 16 mil votos. Hubo escándalo nacional y denuncia de fraude. Con la boleta única buscó mayor transparencia.
En Santa Fe, el socialista Hermes Binner la incluyó cuando reformó el sistema electoral para acabar con la ley de lemas, que había permitido al peronismo gobernar aun cuando el más votado fuera de otro partido.
La inspiración mendocina en el modelo cordobés trasciende la boleta e incluye dos ideas planteadas en el proyecto constitucional: elecciones cada cuatro años y unicameralidad.
Hay una cuarta coincidencia, que acá ya es ley. Son las elecciones desdobladas, que han protegido al peronismo cordobés de los cambiantes vientos nacionales y cuya efectividad la coalición liderada por la UCR en Mendoza pudo corroborar en 2019.
El ciclo político del PJ cordobés, que se ha transformado casi en un partido provincial de tanto concentrarse sólo en su territorio, arrancó en 1999.
Desde entonces, el fallecido José De la Sota y Schiaretti se repartieron el poder. Cuando concluya el actual mandato, habrán sumado 24 años de hegemonía, con mayoría de legisladores y de intendentes, en particular de las grandes ciudades. Además, ya tienen un heredero natural: el intendente de la capital, Martín Llaryora. El ciclo no puede darse por agotado.
El radicalismo mendocino mira con cierta envidia ese modelo. Tal vez acá sea difícil imaginar que Cornejo y Suárez se sucedan uno a otro durante dos décadas. Tampoco necesita eso. Le sobran los candidatos que vienen empujando de abajo y ha ganado ampliamente las últimas siete elecciones.
Pero además de un peronismo sin reacción como el actual, para sostener su predominio necesita bloquear la pasión por el internismo y contener a todos los aliados. Estos tal vez sean sus mayores desafíos hasta 2023.
