Tres planetas tenían que alinearse en diciembre pasado para que el país tuviera una oportunidad de superar la recesión más larga de su economía: que funcione el experimento inédito de la presidencia por encargo; que el Gobierno acierte el rumbo para salir de la crisis y que la sociedad aceptara el enorme esfuerzo de realizarlo. Nada de eso estaba aún encaminado cuando, sobre llovido, diluvió una pandemia.
El presidente Fernández asumió como prioridad absoluta la política sanitaria y durante un tiempo pareció que lo hizo con racionalidad y acierto. Pero de un planteo lógico -el de resguardar a la sociedad durante un tiempo breve y limitado para preparar al sistema de salud para un impacto inédito- se pasó al fatalismo de proponer un confinamiento sin límite hasta tanto alumbre el beneficio de una vacuna. La última prórroga de la emergencia llegó ya sin planes, ni explicaciones. Con el agregado de un allanamiento, con excusas sanitarias, al domicilio del contradictor más odiado por el Gobierno.
La idea de un disciplinamiento social rígido como única respuesta a todo también impregnó el otro gran frente de gestión del Presidente, aquel consideró de importancia secundaria hasta que la realidad se impuso: la economía.
El único avance que había obtenido era el canje de la deuda externa privada. En cuestión de días, se pasó de las expectativas favorables por salir del default, a la cuarentena absoluta del mercado cambiario.
Según el Gobierno, la amenaza a las reservas ya no provienen de los fondos buitres, ni de los grandes grupos inversores como Black Rock. Ni de la banca o las corporaciones locales. La amenaza que el Gobierno salió a disciplinar fue la de compradores minúsculos, con una capacidad de ahorro cercana a los 20 mil pesos por mes. La épica del kichnerismo que comenzó fustigando la fuga de capitales concluyó reprimiendo una revolución de hormigas.
El cepo de Alberto Fernández es sólo otro apriete de tuerca sobre una canilla rota. La prohibición por decreto del bien más buscado de la economía sólo puede aumentar su precio. Con un agregado fatal: para pedirle al empresariado nacional el apoyo al canje de deuda, Máximo Kirchner argumentó en su momento que el default del sector público encarecería el crédito a los privados. Lo que no dijo es que luego de canjear los bonos soberanos, el Gobierno empujaría a los privados a su propio default. Esa es su idea de la plusvalía.
El dólar ahorro ya tiene más carga fiscal que un auto importado de alta gama. Lo curioso es que esa carga está incluida como recurso en el Presupuesto 2021. Como para ir calculando la duración de esa cuarentena. Nadie arriesga en el país un precio futuro para el dólar. Es un precio sin techo de expectativas. El mismo Alberto Fernández, que en su mejor momento político frenó una corrida cotizándolo a 60 pesos, no podría hoy ensayar lo mismo sin que la realidad le apueste el doble. Es la medida de una licuación política.
Y también social: los policías bonaerenses que protestaron por ganar 200 dólares de sueldo y le arrancaron un aumento en pesos con un piquete en Olivos, a la semana volvieron a ganar 200 dólares.
La cuestión es central para el kirchnerismo. Su historia se hizo con el asalto a cajas ajenas cada vez que tuvo ahogos de financiamiento: retenciones cuando pudo, fondos previsionales cuando no. Y convirtió esos recursos, primero en gasto y después en déficit. En términos cristinistas: al Gobierno actual -de confesa peluquería- esta vez no le conviene hacerse los rulos con el Ahora 12. Lo único que anuncia el cepo absoluto es un shock a plazo fijo en la economía.
Lo inédito del caso es que la bicefalía asimétrica en la cima del poder ha derivado en un desdoblamiento: un gobierno oficial que fracasa en sus empeños y uno paralelo que está siendo muy eficiente en sus propósitos. Todos los desacoples del equipo presidencial contastan con la elaborada articulación del equipo jurídico de Cristina. El desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli es sólo el emergente de un gambito endiablado.
El reclamo de una intervención definitoria de la Corte Suprema de Justicia es una demanda unificada de la oposición. Demanda de orden político que podría traer larvadas consecuencias jurídicas más complejas. La estrategia de Cristina es la de la nulidad de todo lo actuado en su contra. Necesita para eso: sentencias que habiliten controversias infinitas y ampliar la Corte que en el futuro resuelva esas controversias.
Hay otros daños colaterales. ¿Un fallo de la Corte a favor de los desplazados validaría genéricamente las facultades para los traslados? ¿Cuánto demoraría el Gobierno en sentar a un juez de Justicia Legítima en cada silla vacante?
La existencia de dos gobiernos y una sola crisis interpela de un modo inédito a la oposición. El fracaso de gestión de Alberto Fernández y la eficiencia para la impunidad de Cristina son el desafío bifronte, para decirlo en dialecto opositor.
La crisis la tironea hacia una radicalización de sus términos. Mientras los dialoguistas que en otros tiempos proponían pactos de La Moncloa, huyen por el tirante cuando es hora de pedírselo al nuevo poder real.
El país en su conjunto ha puesto proa al iceberg. Y encerando la cubierta.
